El interventor provincial de la Junta en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, ha reiterado hoy, como hizo en la comisión del Parlamento andaluz, que hubo menoscabo en los fondos públicos por los cursos de formación, y ha agregado que casi en el 100 % de los expedientes encontró "graves irregularidades".
Durante su declaración como testigo en la pieza "política" de la macrocausa de los cursos de formación, el interventor de Huelva ha mantenido ante la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, las afirmaciones que hizo hace un mes en la comisión de formación del Parlamento de Andalucía, han informado a Efe fuentes judiciales.
A preguntas de la abogada del PP, el interventor ha explicado que el menoscabo de fondos públicos se produjo en la concesión y justificación de las subvenciones en formación porque no se cumplían los requisitos legales y no se exigían los reintegros correspondientes.
También se produjo porque se concedieron subvenciones a empresas que tenían pendientes de justificar ayudas de años anteriores y sobre las cuales no existían resoluciones de exoneración.
Además, el interventor ha precisado que la fiscalización previa y el control financiero permanente no garantiza que no se cometan delitos porque "se pueden falsificar los certificados" que se presentan.
En su declaración, ha dicho que existen expedientes de reintegro paralizados y que por tanto pueden prescribir, y ha afirmado que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no aplicó ninguna de las recomendaciones que le hizo en 2012 con los informes trimestrales que elaboraba.
Antes que el interventor de Huelva declaró como testigo el de Granada, Miguel Gutiérrez, quien ha asegurado que en los expedientes que vio encontró "facturas inadecuadas" así como gastos no procedentes y también "exagerados".
Hoy también estaba previsto que declarara como testigo el interventor de Córdoba, Antonio Escudero, cuya citación se ha pospuesto al 17 de mayo.
Antes que ellos, esta semana han declarado los interventores de Almería y la de Cádiz, y los días 21 y 28 de abril se concluirá con la ronda de los interventores que declararán en la macrocausa de los cursos de formación gestionados por la Junta de Andalucía, que está dividida en nueve piezas y en la que se investiga desde 2014 un presunto delito de fraude de subvenciones.
