La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha revocado parcialmente el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el archivo de la pieza separada que surgió de la instrucción del caso Matinsreg. De esta forma, la Audiencia acerca nuevamente al banquillo al que fuera alcalde de Jaén y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que ya salió absuelto del primer juicio.
En concreto, en un auto al que ha accedido Europa Press y adelantado por la Cadena Ser, se acuerda "acomodar la causa al procedimiento del tribunal del jurado para la investigación del delito de malversación de caudales públicos", al tiempo que ratifica el sobreseimiento de la causa con respecto al delito de prevaricación. El auto es firme y no cabe recurso.
Fue en marzo de este año cuando el juez responsable del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza separada del caso Matinsreg que investigaba la existencia de facturas "infladas" en el Ayuntamiento de Jaén. Lo hizo después de que el juzgado no acordara en plazo la prórroga de la causa para poder continuar con las diligencias de investigación.
El Ministerio Fiscal recurrió dicho archivo solicitando
la reapertura de las actuaciones y su acomodación al procedimiento del tribunal del jurado, que solo puede encargarse del delito de malversación, de ahí que la Audiencia confirme el archivo respecto al de prevaricación.
La Audiencia recoge en su auto que "la verosimilitud del delito de malversación se desprende sin dificultad del informe elaborado por la Guardia Civil en donde se constata que en la adjudicación de trabajos de mantenimiento urbano a determinadas empresas, fuera de los cauces de adjudicación legalmente previstos, y la presentación por parte de esas empresas de unas facturas que no se corresponden con trabajos realizados o por conceptos realizados pero a un coste desproporcionado, generó un perjuicio para las arcas públicas valorado inicialmente en 2.674.196,62 euros".
No obstante, la Audiencia también señala que la individualización de indicios y su imputación a personas determinadas no procede hacerla en este momento procesal. De esta forma, apunta a que una vez realizada la acomodación de la causa a los cauces del tribunal del jurado, deberá de convocarse a la comparecencia en donde se concretará la imputación de forma personal y donde se verá si Fernández de Moya finalmente será juzgado por un jurado popular.
Esta causa es una de las dos piezas separadas que surgieron de la instrucción de Matinsreg, caso que culminó con una sentencia condenatoria para siete de los nueves acusados en esta causa, entre ellos los dos exconcejales del PP, Miguel ángel García Anguita y Manuel del Moral, por pagos "inflados" que supusieron un perjuicio económico valorado por la Audiencia de Jaén en 3,4 millones de euros. Dicha sentencia está actualmente recurrida y a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ya absolvió al que fuera alcalde de Jaén y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Precisamente, es el abogado de Fernández de Moya el que en la pieza separada --la única de las dos que se mantiene abierta-- el que presentó escrito solicitando el archivo ya que había transcurrido el plazo procesal para acordar la prórroga de la causa y, en consecuencia, para la práctica de las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal.
En esta pieza separada, en la investigación realizada por la Guardia Civil se pone de manifiesto nuevamente facturas "infladas" por valor de 2.674.196 euros y relacionadas con obras de mantenimiento urbano en la ciudad de Jaén de agosto de 2012 a marzo de 2015, con Fernández de Moya en la Alcaldía. En concreto, en esta pieza separada, el punto de mira se había puesto en ocho empresas y sociedades que compartían el mismo intermediario que facilitó el desembargo de la zamorana Matinsreg en la capital jiennense.
La causa archivada es un pieza separada del caso Matinsreg, sobre el que ya se produjo una primera sentencia de la Audiencia de Jaén en julio de 2021 y en la que se condenó a cuatro años de prisión a dos exconcejales del PP tras fijar en 3,5 millones de euros el dinero entregado a un entramado de empresas sin contrato por el mantenimiento "a costes desorbitados" de las fuentes ornamentales de la ciudad durante 2013.
En este caso, el juez decidió abrir pieza separada tras un informe de la Guardia Civil en el que se detallaban una serie de obras de conservación en calles de la ciudad entre 2013 y 2014, también durante el mandato del PP y, según el PSOE, "entregadas prescindiendo de un procedimiento de contratación a una red de empresas de fuera de Jaén con facturas de difícil justificación y que superan los tres millones de euros de dinero público".
