El Ayuntamiento de Jaén, gobernado por José Enrique Fernández de Moya (PP), ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, un recurso contencioso-administrativo con el que espera que el Alto tribunal andaluz "obligue" a la Junta de Andalucía a saldar la "deuda" que mantiene contraída con el Consistorio en materia de dependencia, que el gobierno local estima actualmente en "cerca de 800.000 euros".

   En concreto, según ha informado este miércoles el portavoz del gobierno local, Miguel Ángel García Anguita, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, el Ayuntamiento ha interpuesto dicho recurso por "inactividad e incumplimiento de los artículos tres y cuatro" del referido convenio suscrito entre la Junta y el Consistorio, se ha presentado ante el TSJA por ser el órgano "competente" en un conflicto "entre administraciones", y en Sevilla por ser allí donde está fijada la sede oficial del Gobierno andaluz.

   El objetivo de este paso es, según ha añadido García Anguita, acudir "en amparo" del TSJA para que éste "obligue al Ayuntamiento a pagar lo que debe", que asciende a "cerca de 800.000 euros", según sus estimaciones, y que es lo que ha motivado que el gobierno local haya decidido "dejar de prestar el servicio", tratándose además de "una competencia de la Junta de Andalucía".

   Así lo ha reiterado el portavoz del ejecutivo de Fernández de Moya, quien ha señalado que "si la competencia fuera del Ayuntamiento, no habría que firmar un convenio con la Junta, porque el Consistorio "tendría la obligación de la prestación de la dependencia". "Si la Junta hace un convenio es porque reconoce que es su competencia", ha argumentado.

   Además, García Anguita ha apostillado que "no es la primera vez que la Junta incumple el convenio con el Ayuntamiento", puesto que "en junio de 2011 le debía cerca de tres millones de euros de dependencia que tuvo que pagar el gobierno local poco a poco a través del plan de pago a proveedores".


EL PAPEL DEL AYUNTAMIENTO

   Por su parte, la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, que ha comparecido ante la prensa en compañía del portavoz del gobierno local, ha querido dejar claro que el Ayuntamiento "va a seguir trabajando en la recepción y tramitación de expedientes, elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) y seguimiento de los dependientes", así como "sigue facilitando las infraestructuras propias que se tienen en los centros sociales para que las trabajadoras puedan atender allí a los usuarios".

   "Lo que no quiere el Ayuntamiento es ser intermediario en el pago del servicio", ha remarcado Chamorro, que aboga por que "la Junta pague directamente a la empresa, como paga las plazas de residencias y centros de día o la teleasistencia".

   De igual modo, la edil de Asuntos Sociales ha asegurado que el Ayuntamiento, en la reunión que el alcalde mantuvo el pasado mes de noviembre con la consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, "se puso a disposición de la Junta para coordinarse para que los dependientes no sufran por el cambio".

   Asimismo, ha indicado que desde el gobierno local le han trasladado "por escrito y verbalmente" a la Administración andaluza su "disposición a sentarse para establecer los nuevos términos del convenio", pero la Junta "aún no ha dicho absolutamente nada". "Es la Junta la que no quiere sentarse a negociar un nuevo convenio, no sabemos por qué", ha apostillado en esta línea.

   Tras señalar que hasta este martes por la tarde "a ninguna trabajadora" de Multiservicios Jabalcuz --la encargada de prestar la ayuda a domicilio-- "le habían dicho que dejara de ir a atender a ninguna persona que tuvieran asignada", Chamorro también ha equiparado este asunto con el conflicto que se vive en relación con las escuelas infantiles municipales, cuyas trabajadoras han convocado una huelga indefinida a partir del día 13 de este mes de diciembre por los retrasos en el cobro de sus nóminas.

   "Seguimos hablando de lo mismo", según ha remarcado la concejal, que ha explicado que "este lunes o este martes pagó la Junta lo que corresponde a septiembre", pero "sigue adeudando al Ayuntamiento los meses de agosto, octubre y noviembre".

   Respecto a los 550.000 euros que el Ayuntamiento tiene pendiente de transferir a Multiservicios Jabalcuz procedentes de los 800.000 euros ingresados por la Junta en concepto de la dependencia a través del plan de pago a proveedores --de los que el Consistorio ha ingresado 250.000 a la adjudicataria del servicio--, Chamorro ha explicado que lo que se ha pagado corresponde a "un primer bloque de facturas".

   De esta manera, el Ayuntamiento está ahora "trabajando y sacando otro bloque de facturas para ir pagándolas poco a poco", si bien se ha detectado "un problema de facturación con la empresa relacionado con el IPC", que obliga a Multiservicios Jabalcuz a presentar una "rectificación" antes de poder cobrar por ellas.

   En ese sentido, la responsable de Asuntos Sociales ha resaltado que "preparar las facturas lleva un tiempo importante, porque hay que comprobar que coinciden las horas que factura la empresa con las que han prestado las trabajadoras y las que los usuarios tienen". "No es tan fácil como presentar unas facturas y pagarlas", ha agregado.


MENSAJE A MAEZTU

   Por otra parte, tras conocerse este martes que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha ofrecido a mediar entre la Junta y el Ayuntamiento para garantizar la prestación de la ayuda a domicilio, García Anguita ha indicado que el Consistorio aún "no ha recibido" el escrito de Maeztu anunciando esa intención, si bien le ha pedido que "intervenga" en esta cuestión como "el defensor de todos y cada uno de los jiennenses, y no sólo del PSOE", partido que la pasada semana se reunió con él para trasladarle su "preocupación" al respecto de esta cuestión.

   En esta línea, García Anguita, que ha defendido que el Ayuntamiento "ha actuado con normalidad" en esta cuestión, denunciando el convenio "en tiempo y forma", ha instado al Defensor del Pueblo Andaluz a que "primero estudie, vea legalmente a a quién le corresponde la competencia, y cuando vea que es de la Junta, intervenga para que obligue a la Junta a pagar la deuda contraída", todo ello con "objetividad e independencia".