La Audiencia Provincial de Jaén ha condenado a una compañía de seguros a pagar un total de 2.752,80 euros a una autoescuela para compensar el dinero que ésta habría dejado de percibir mientras se llevaba a cabo el arreglo de uno de sus coches.

   Así consta en una sentencia fechada el pasado 31 de marzo y consultada por Europa Press, que admite en parte un recurso de apelación interpuesto por la autoescuela contra un fallo anterior del Juzgado de Primera Instancia número dos de La Carolina (Jaén), en la que la aseguradora resultó absuelta de la demanda interpuesta por la empresa de formación de conductores.

   Según se recoge en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, la autoescuela ha iniciado este contencioso al sostener que uno de sus coches estuvo "34 días" en un taller para su reparación, tiempo durante el cual "dejó de obtener 9.383,20 euros", cifra que obtiene de "multiplicar 317 clases de 45 minutos que se hubieran dado al menos en esos 34 días hábiles (...) por 29,60 euros al día que cuesta una clase práctica", cantidad a la que se le descontaron "2,40 euros por el combustible y lubricantes no consumidos por estar parado" el turismo.

   En concreto, los hechos se remontan al 25 de febrero de 2012, cuando un vehículo asegurado por la compañía demandada golpeó en su parte delantera mientras realizaba una maniobra de marcha atrás a uno de la aludida autoescuela que se encontraba parado "correctamente" en la Plazoleta Cruz Roja de Navas de San Juan.

   El tribunal de la Audiencia reconoce la figura del "lucro cesante", si bien señala que la fijación del mismo ofrece "muchas dificultades", y para reivindicar el derecho a cobrarlo "no basta (...) la simple posibilidad de realizar la ganancia, sino que ha de probarse rigurosamente que se dejaron de obtener las mismas".

   En este caso concreto, "acreditar de forma incontestable cuántas horas de clase se habrían impartido durante los días en que el vehículo estuvo inutilizado es ciertamente difícil", por lo que "la prueba habrá de versar sobre otros hechos que puedan conducir a la presunción judicial de que se produjo una pérdida de ingresos".

   Partiendo de esta base, la Audiencia considera que no se pueden fijar en 34 los días a computar a la hora de fijar el dinero dejado de percibir por la autoescuela, ya que "si bien se llevó el vehículo al taller" de la aseguradora demandada el 27 de febrero de 2012, la "orden de reparación", dependiente de la compañía de la autoescuela, se dio el 2 de abril de 2012, y ésta concluyó el día 17 de ese mismo mes.

   De esta manera, son "diez días" los que el vehículo permaneció paralizado como consecuencia del arreglo, habida cuenta además de que hay que descontar "los sábados, domingos y festivos" incluidos en las dos semanas que van desde el 2 hasta el 17 de abril, según señala la sentencia, que sostiene que "no puede serle imputada" a la aseguradora demandada "la estancia en el taller desde el 27 de febrero de 2012", ya que fue "ajena" a la "dilación en el tiempo" que se registró para cursar la orden de la reparación.

   En todo caso, la Audiencia entiende que "no hay duda de que se produjo un perjuicio económico" para la autoescuela por estos hechos, dado que en esos momentos contaba sólo "con dos vehículos y dos profesores", por lo que tras el incidente descrito fue "imposible (...) reubicar a los alumnos del vehículo siniestrado en el otro vehículo".

   Así las cosas, la sentencia decide estimar en parte la demanda de la autoescuela, y a la hora de fijar la cantidad de dinero que reclama a la aseguradora acude a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Jaén, que, según señala, fija "las horas de enseñanza en siete diarias", cifra que multiplicada por diez de paralización da un total de 70, que suman 4.200 minutos, cantidad que se divide por los 45 que dura una clase, dando como resultado "93 clases de 45 minutos".

   "Y multiplicadas las 93 clases por el precio de cada una, que es de 29,60 euros, una vez descontado el precio del combustible --2,40 euros--, resultan 2.752,80 euros", según añade la sentencia, que puede ser recurrida y que fija en ese montante el "lucro cesante" exigido a la aseguradora, más los intereses.