Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias en Jaén celebraron ayer la festividad de su patrona, Nuestra Señora de la Merced. El subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, valoró la actividad formativa y la atención asistencial en los centros penitenciarios como pilares fundamentales que hacen posible que la población reclusa se integre en la sociedad y pueda alejarse del mundo del delito. Y afirmó que la Institución Penitenciaria constituye una pieza ineludible de la política de seguridad de un país, porque “solamente construyendo espacios de tratamiento, reeducación y rehabilitación para aquellas personas que un día cometieron un error, podremos dar respuestas eficaces”, señaló.
Lillo destacó la amplia actividad formativa que se desarrolla en el Centro Penitenciario de Jaén, con 751 alumnos matriculados en el último curso en niveles que abarcan desde la alfabetización, idiomas y bachillerato hasta el curso de acceso a la UNED o los 13 cursos de diversas especialidades que se están impartiendo, con 249 alumnos. En el acto se hizo entrega de 2 medallas de bronce y 6 menciones honoríficas al Mérito Penitenciario a funcionarios y otras 2 medallas de bronce al Mérito Social Penitenciario a sendas colaboradoras, así como menciones honoríficas a 10 funcionarios que han cumplido 25 años de servicio.
Boicot sindical por el aumento de expedientes
La celebración de la patrona de Instituciones Penitenciarias puso de relieve la tensión entre la dirección de la prisión y los sindicatos. Tanto UGT como Acaip boicotearon ayer los actos en protesta por los expedientes disciplinarios abiertos a funcionarios. UGT ha pedido la dimisión del director, Juan Mesa, por entender que su llegada ”ha supuesto un aumento espectacular de expedientes disciplinarios en un centro como el de Jaén, que es referencia a nivel nacional en cuanto a programas de tratamiento y con una plantilla implicada al100% en los mismos”.
Y recuerdan la admisión a trámite de la denuncia por acoso laboral de un médico del centro contra otro médico y el subdirector médico, de la que, a juicio de UGT, también debe responder el director, como máximo responsable.
