“No se aprecia el delito de prevaricación administrativa, ni el de fraude o exacción ilegal”. Así de tajante vuelve a pronunciarse la justicia sobre el caso que la Policía Nacional de Jaén bautizó como ‘Operación Paraíso’, en el que se investigó al exdelegado de Economía, Antonio de la Torre (que dimitió hace unas semanas), por la contratación de una campaña publicitaria en su anterior función como director del Área de Presidencia de la Diputación, y a dos empresarios jienenses, si bien fueron tres los que ejecutaron la campaña publicitaria.
La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha decretado el archivo firme y sin posibilidad de recurso de la causa abierta por un presunto delito de prevaricación administrativa o, en su caso, de fraude o exacción ilegal. De este modo, la Audiencia confirma plenamente el sobreseimiento y archivo decretado el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén. “En el presente caso no se ha probado ni existen indicios de concierto de voluntades entre el funcionario Antonio de la Torre, la Diputación y las distintas empresas, ni menos aún que se haya causado perjuicio alguno a la Administración provincial”, recoge el auto al que ha tenido acceso este periódico.
El documento alude también al recurso presentado por el Grupo Popular de la Diputación, y su portavoz, Miguel Contreras, y lo califica de “improcedente” a tenor de las peticiones que hace, entre ellas la comparecencia del interventor de Diputación, que ya informó, o los informes del Ministerio de Hacienda, cuyo secretario de Estado es el presidente del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya. A continuación informa el auto de que aunque los contratos fueron varios para los distintos soportes publicitarios, “no hay indicio de fraccionamiento ilícito”. Y añade: “Es a la parte apelante (PP) a quien correspondía la carga de probar que el fraccionamiento del contrato era ilegal, y no al investigado, como erróneamente se alega en el recurso”. Ante la acusación en el recurso del Grupo Popular de que se ha incurrido (por parte de la justicia) en precipitación al dictar el auto de sobreseimiento y archivo sin agotar la instrucción de la causa, la Audiencia Provincial recuerda al PP que durante la instrucción no solicitó la práctica de prueba alguna y tampoco intervino en ninguna de las declaraciones efectuadas, a pesar de haberse personado en autos y practicarse con posterioridad declaraciones testificales.
El auto recoge a modo de conclusión que no existió “ninguna irregularidad en la contratación susceptible de ser castigada en la vía penal; los servicios contratados fueron prestados para la administración pública, sin oponerse reparo alguno; y en fin, no se deduce de lo actuado indicios de cirminalidad para continuar con las diligencias previas incoadas en su día, no apreciando delito de prevaricación administrativa, ni el de fraude o exacción ilegal”. Es más, en el archivo de diciembre, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 4, apuntó que la subcontratación de la campaña a varias empresas no solo no significó un perjuicio para la Diputación, sino que procuró mejores precios.
Un caso que alarmó por su desproporción
La investigación, que tras archivar el juzgado en primera instancia y ahora ser ratificada por la Audiencia Provincial diciendo que todo se hizo conforme a la Ley, provocó la denuncia unánime de políticos (salvo del PP) y de agentes sociales, por la desproporción en la actuación policial de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, que detuvo a los investigados, pasando más de 24 horas en el calabozo, y que fueron trasladados al día siguiente esposados a declarar al juzgado, sufriendo la ‘pena de telediario’, algo que no sucedió con otros políticos investigados. Uno de ellos fue el entonces delegado de Economía y Empleo, Antonio de la Torre, que el pasado 2 de marzo presentó su dimisión alegando cuestiones personales.
