Casi un millar de familias permanecen en su vivienda gracias a las gestiones desarrolladas por la Oficina de Intermediación Hipotecaria, impulsada por la Diputación de Jaén y el Colegio Oficial de Abogados en el año 2012.
El presidente de la Administración Provincial, Francisco Reyes; y el decano de los abogados, Vicente Oya, han renovado el convenio, por el que se continuará asesorando y ayudando, de forma gratuita, a familias con escasos recursos, con el objetivo de evitar que pierdan sus viviendas. Diputación destinará este año 37.000 euros.
“Desde su puesta en marcha, hemos invertido más de 303.000 euros”, recordó Reyes. Este instrumento ha permitido ayudar a aquellas familias que, “debido a la crisis económica, se enfrentaban y se enfrentan a una situación dramática, un desahucio”, algo que “agrava” su situación económica y social, reconoció Reyes.
Además de a familias en riesgo de perder su vivienda, esta oficina ha incrementado en los últimos años su cobertura a la prestación de asesoramiento jurídico sobre las cláusulas suelo, así como a la asistencia jurídica a emigrantes retornados con pensiones devengadas en el extranjero. Una cartera de servicios que se podría ampliar próximamente, con el objetivo ayudar a los jienenses en otras necesidades que se han detectado. Reyes apuntó que se está estudiando.
Por su parte, Vicente Oya reconoció que “si no fuera por Diputación y por el magnífico equipo de profesionales, no hubiera sido posible”. El decano de los abogados destacó el trabajo realizado por “el elenco de letrados que se han dedicado de forma casi altruista a estar con la gente que verdaderamente lo necesitaba y que ha permitido que cerca de 1.000 familias hayan sido asesoradas”.
La coordinadora de la Oficina, Francisca Rodríguez, concretó que de los 970 expedientes tramitados desde 2012, un total de 225 han correspondido a ejecuciones hipotecarias. “En tan sólo tres se han producido desahucios. En el resto hemos conseguido que se archive o suspenda el desahucio o lanzamiento hasta el año 2020, una moratoria que confiamos en que vuelva a prorrogarse”, dijo Rodríguez. De los 745 expedientes restantes, cuatro se corresponden con expedientes de emigrantes retornados y 741 a expedientes de intermediación hipotecaria y de cláusulas abusivas.
