La obra, consistente en el recrecimiento de una presa existente, hasta alcanzar una altura aproximada de 15 metros de altura sobre el nivel del cauce, “afecto de forma indirecta a una zona de máxima protección de este espacio natural protegido y supuso la muerte de todo el bosque de ribera y vegetación adyacente al cauce, en una longitud cercana al kilómetro”, comentó Agaden.
Según indica el colectivo “esta denuncia supuso la primera sentencia por delito ecológico en la comarca y un precedente importante. Sin embargo, y a pesar de que la sentencia fue ratificada por el tribunal supremo y sin posibilidad de recurso en 2004, la presa sigue en pié y aún no se ha ejecutado su demolición en los términos que dicta la misma".
"Por ello, y ante los avatares que se han sucedido sin que la justicia se lleve a los términos en los que sus actores la dictan, hemos dirigido escrito de exigencia a la delegada provincial de Medio Ambiente, como responsable máxima de la obstaculización de la ejecución de la sentencia, instando al inicio de los trabajos de restauración del Arroyo de Salado”, manifestó Agaden.
