Los ancianos podrán ocupar sus casas en septiembre
Un total de 23 solicitudes se han presentado para poder disfrutar de una de las 14 viviendas tuteladas de la calle Málaga, en San Roque, que a partir de septiembre se pondrán a disposición de 14 mayores del municipio.
De las 23 solicitudes, 18 pertenecen a personas del casco de San Roque, 2 de Puente Mayorga y una de Campamento, Taraguilla y San Enrique.
Una vez cerrado el plazo de admisión de solicitudes el pasado día 15, el personal de Asuntos Sociales elaborará los informes y las valoraciones pertinentes de los solicitantes, para emitir sendos dictámenes.
En la segunda quincena de agosto, la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, a la vista de los informes de los técnicos, adjudicará las viviendas a los ancianos, que podrán ocuparlas a primeros de septiembre.
El inmueble, que construyó la empresa municipal Emroque, es de dos plantas más ático, y se sitúa en el número 35 de la calle Vallecillo Luján (en la confluencia de las calles Málaga y Larga). Consta de 15 viviendas, y cada una de ellas tiene salón con cocina incorporada al mismo, un dormitorio doble y un baño. Las zonas comunes constan de patio, salón multiusos para la realización de actividades, aseos, cocina-cafetería anexa al salón multiusos, lavandería y zona de administración.
Se ofertan 14 viviendas en lugar de las 15 disponibles, porque una de ellas será ocupada por una persona (que procederá de la ONG Mensajeros de la Paz) que se encargará tanto del mantenimiento, reparaciones menores de las viviendas y limpieza de las zonas comunes como de estar a disposición de los abuelos para cualquier gestión y coordinar las actividades comunes, así como de servir de enlace permanente con Servicios Sociales y de velar por el cumplimiento de la normativa de uso de este servicio, entre otras tareas.
Los requisitos para optar a estas viviendas son los siguientes: tener 60 años o más cumplidos (salvo en casos especiales, como en casos de uno de los miembros de un matrimonio); llevar empadronado en San Roque un mínimo de dos años; no padecer enfermedad infecto-contagiosa ni alteraciones psíquicas que puedan alterar la convivencia, así como limitaciones severas en la autonomía personal; no disponer de vivienda en propiedad, salvo que esté inhabitable; tener un estado físico y psíquico que no haga presagiar una pronta invalidación; y tener una conducta social y hábitos personales compatibles con la convivencia normal. Asuntos Sociales podrá, además, estudiar cualquier situación no contemplada en estos requisitos.
Se realizará el estudio y comprobación de los informes durante julio y agosto. La idea es que, una vez formalizados los documentos contractuales correspondientes, los primeros adjudicatarios puedan ocupar sus viviendas el próximo mes de septiembre.
