Sabemos, explica Landaluce, que debido al periodo de tiempo del que se solicita información, se trata de una labor de recabar información importante, pero el Partido Popular tiene la obligación y la responsabilidad de fiscalizar la labor del equipo de Gobierno en todos aquellos asuntos que afectan a los algecireños.
Además, Landaluce ha solicitado conocer, en relación a dichas obras, “el nombre de la empresa adjudicataria, la fecha de la adjudicación y la fecha de terminación de las mismas”. En relación a las empresas adjudicatarias, también se han solicitado copia de los documentos acreditativos de que éstas se encuentran al corriente de sus obligaciones económicas con los distintos organismos del Estado, incluida la Seguridad Social.
Por último, el portavoz popular también ha requerido la acreditación de los pagos realizados a las empresas y las fechas en las que se han realizado estos abonos.
Se trata de una cuestión que preocupa enormemente al Partido Popular, explica Landaluce, como es la paralización de obras que se vienen realizando en la ciudad. A modo de ejemplo, el portavoz popular se ha referido a la remodelación de una parte de la plaza de toros, o a las obras que se vienen ejecutando en la Calle Trafalgar, donde problemas de solvencia de la empresa adjudicataria han acabado con el embargo a ésta por deudas a la Seguridad Social.
Por tanto, se hace necesario que Sánchez Rull explique a los algecireños si el Ayuntamiento pudiera estar amparando irregularidades a la hora de conceder adjudicaciones a empresas que incumplen con sus obligaciones a la hora de abonar pagos a la Seguridad Social, o a la administración Tributaria.
En definitiva, se trata de incrementar el control en las obras que se realizan en la ciudad, al objeto de que éstas se lleven a cabo en los plazos correspondientes, y no sufran paralizaciones que repercuten negativamente sobre los ciudadanos de Algeciras.
Es necesario una mayor transparencia y fiscalización del gasto en todo lo relativo a las obras que se realizan en esta ciudad, y las empresas adjudicatarias deben cumplir con sus contratos y con sus obligaciones económicas con las distintas administraciones del Estado al objeto de no tener ventajas en los concursos sobre otras empresas participantes, concluye Landaluce.
