Vox Jerez ha solicitado que
la actualización de los diferentes convenios de los trabajadores que se han llevado a cabo en la empresa municipal Comujesa dejen de aplicarse hasta que no se cumpla la prerrogativa legal de que sean aprobados por el Consejo de Administración.
La formación
denuncia que el gobierno municipal ha actualizado los convenios de la plantilla de autobuses y ayuda a domicilio sin pasar por los consejeros de la empresa, a pesar de suponer un gran aumento del coste salarial que deberá asumir Comujesa a partir de este año.
Ignacio Soto, concejal de Vox y consejero de Comujesa, asegura que “se trata simplemente de cumplir con la legalidad. Los grupos de la oposición hemos solicitado reiteradamente los nuevos convenios, así como llevar al Consejo su aprobación, pero no hemos obtenido resultado alguno”. Soto señala que “se están pagando unas nuevas condiciones sin que hayan sido aprobadas por el Consejo de Administración de la empresa”.
Desde Vox Jerez avisan que este aumento de la masa salarial de Comujesa supondrá una elevación de la deuda que ya arrastra de por sí la empresa municipal.
“Según nuestros cálculos, se pasará de los 1,5 millones de euros de pérdidas actuales a más de 6 millones”, explica Ignacio Soto, que entiende que “
los trabajadores no tienen ninguna culpa de la mala gestión de estas actualizaciones, pero no podemos seguir permitiendo que las empresas municipales se gestionen sin la formalidad y rigor que requieren”.
Además, Vox Jerez ha votado en contra de la aprobación de las cuentas de 2023 de Comujesa, al no entender cómo la empresa ha pasado en un año de 288.206 euros de deuda a 1.560.303 euros.
Y sin que el gobierno municipal, ni la gerencia, presenten un plan de viabilidad para esta empresa. A juicio de Vox , la empresa municipal y, por ende, el Ayuntamiento, no puede seguir generando más deuda a los jerezanos.
Por otro lado, esta formación también votó en contra del despido disciplinario del anterior gerente.Vox apostó porsu cese como gerente y su posterior reincorporación al puesto que ocupaba con anterioridad mientras no se depuren responsabilidades en los juzgados por los hechos que se le imputan. “Los consejeros no somos quien tenemos que juzgar si ha habido delito o falta que suponga un despido disciplinario, para eso están los juzgados. Si al final el juzgado entiende que es un despido improcedente va a suponer un pago de salarios de tramitación e intereses que esta empresa no se puede permitir, además del escarnio público que supone para una persona que dentro de 1 o 2 años salga en los juzgados libre de los hechos que se le acusan”, concluye Ignacio Soto.
Con estas demandas, VOX Jerez insiste en la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de las empresas municipales para proteger los intereses de los jerezanos.
