La subida del precio del agua anunciada ya por el Gobierno local ha llevado a la federación local de asociaciones de vecinos Solidaridad a demandar a los grupos políticos la apertura de un debate que permita, desde una “perspectiva amplia”, la adopción de las medidas necesarias para garantizar el suministro y la sostenibilidad del servicio, más allá de “soluciones puntuales” como pueden ser ese incremento de la tarifa.
Como se recordará, esa subida será la
consecuencia de repercutir en el contribuyente el incremento del precio del agua en alta aprobado por el Consorcio de la Zona Gaditana (CAZG), pero también de la necesidad de
aplicar el IPC en la factura, algo que no se estaba haciendo hasta ahora dado que ese incremento anual lo asumía directamente el Ayuntamiento.
En cuanto a la primera cuestión,
Solidaridad advierte de que la situación actual de las infraestructuras es “muy deficiente”, echando en falta que se haya realizado un “mantenimiento adecuado” de las mismas, lo que obliga a acometer “reparaciones cada vez más importantes” para las que no se dispone de presupuesto.
A ese respecto,
lamenta que “al menos en la última década” la Junta de Andalucía no haya respondido a los compromisos de inversión previstos, lo que ha dejado al Consorcio “en graves dificultades para atender sus responsabilidades en el tratamiento y suministro de agua en alta”.
Además,
la Junta “ha recaudado durante años tasas que posteriormente no se han destinado a la mejora de las instalaciones”, lo que ha agravado aún más “la situación de deterioro de las instalaciones”.
Solidaridad entiende por tanto que “justificar una subida de las tarifas de agua en alta para dotar de presupuesto al Consorcio” era “la solución más cómoda” para esta entidad, “pero no aborda el verdadero problema” de fondo, que no es otro que “el deficiente estado de las instalaciones por falta de inversiones durante años”.
En cuanto a la subida del IPC, el Ayuntamiento “podría haber optado” por asumirla y no repercutirla en el recibo, “como en años anteriores”, pero a pesar de ello la diferencia terminaría pagándola la Administración local “con los impuestos de todos y, en muchos casos, con pago de intereses establecidos en sentencias judiciales”.
Por todo ello,
Solidaridad insta a todos los grupos municipales a abordar la realidad del Consorcio y los pagos por el suministro de agua “desde una perspectiva amplia, evaluando lo sucedido en los últimos diez años, estableciendo claramente las causas y responsables que han llevado a la situación actual y exigiendo a todos los agentes implicados soluciones que permitan revertir la situación en el menor plazo posible, más allá de soluciones puntuales que no abordan la restauración de unas condiciones adecuadas para la prestación de un servicio crítico como es el abastecimiento de agua”.
