El nombramiento -con carácter provisional- de sesenta puestos de la estructura organizativa del Ayuntamiento ha levantado no pocas sospechas entre los sindicatos, hasta el punto de que algunos, como CGT, estudia el detalle de los mismos para, en su caso, presentar un recurso ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo solicitando la nulidad de los hechos.  
El sindicato mayoritario no tiene claro que todos los nombramientos en Comisión de Servicio se ajusten a la legalidad. De momento, se ha solicitado información para determinar qué trabajadores han sido nombrados para el desempeño de determinadas funciones y, a partir de ahí, comprobar si cumplen los requisitos legales que se exigen.
La controversia arranca cuando el pasado 31 de octubre la Junta de Gobierno Local nombra a todos los directores de servicio y al jefe de la Policía Local por Comisión de Servicio, una figura regulada en una ley específica para funcionarios del Estado y de la Junta y cuya aplicación en caso de personal laboral podría no ajustarse a la legalidad. 
Esos nombramientos, que según el Gobierno tienen carácter “provisionalísimo” y cuyo objetivo no es otro que el de garantizar cierta continuidad a la espera de que se convoquen los correspondientes concursos de méritos, afectan a 20 directores de servicio y 32 jefes de departamento. En la relación de nombramientos se incluye también el de la jefa de unidad de la Secretaría de Alcaldía -uno de los puestos más beneficiados a nivel económico por la RPT- y el de los escoltas, que es el puesto mejor parado de la Policía Local. 
Fuentes sindicales no consideran justificados estos nombramientos “a dedo” a pesar de que se hable de provisionalidad, defendiendo que la estructura se podía haber mantenido tal y como estaba hasta la culminación de los procesos de selección que establece la ley. De hecho, Foro Ciudadano ya ha denunciado el caso ante la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Por si estos fueran pocos argumentos, esta semana se ha producido otro hecho que ha acrecentado la inquietud en torno a la RPT, y especialmente desde el ámbito político, después de que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recogiera esta semana la primera modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, apenas un mes después de su entrada en vigor.
Lo llamativo es que el cambio introducido por el Gobierno local va a permitir que una dirección de servicios sea ocupada por un técnico medio (A2), cuando el puesto estaba inicialmente reservado para un técnico superior (A1).
La modificación afecta en exclusiva a la dirección de servicios de Bienestar Social, Igualdad y Salud, que curiosamente es la única que quedaba vacante después de los nombramientos provisionales realizados por el Gobierno local a la espera de la culminación del proceso de adscripción de puestos. Todas las demás han sido ya ocupadas por técnicos superiores.
En el texto publicado en el BOP el Ejecutivo argumenta que el cambio se ha realizado para garantizar “un mejor y más eficiente funcionamiento” del área organizativa de la delegación, defendiéndose por tanto que un técnico medio puede desempeñar con mayor solvencia el trabajo que un técnico superior.
El Gobierno ha defendido en cualquier caso el carácter “provisionalísimo” de todos los nombramientos, que tienen como objetivo garantizar el funcionamiento del Consistorio a la espera de que culminen los procedimientos legales para la adscripción definitiva de puestos.
En este sentido, el Grupo Municipal Socialista ha sido el primero en pedir al Gobierno municipal que explique los motivos por los que ha decidido modificar la RPT sólo un mes después de su entrada en vigor para permitir que un puesto de dirección de servicio pueda ocuparlo un técnico medio y no un técnico superior, como estaba previsto en el documento original. Esta modificación se publica en el BOP y se de carta de oficialidad, “a pesar de que no cumple con lo establecido en el documento de la RPT, con lo que plantea visos de ilegalidad que el Gobierno municipal tendrá que ofrecer las oportunas explicaciones al respecto”, exponen desde el PSOE.
El Grupo Municipal Socialista ya denunció que la RPT “consagraba el dedazo en el Ayuntamiento, incumplía la legislación y contemplaba incrementos salariales de  forma arbitraria”. De hecho, se advirtió de la “arbitrariedad  en la valoración de los puestos de trabajo, ya que fija el  sistema de libre designación para todos los coordinadores generales   y   para todos los directores de servicio, cuando la Ley cuando la Ley de Bases de Régimen Local  sólo lo permite para los coordinadores generales”.