Esto no es un mítin político. No conteste porque no procede”. Lourdes Marín, la presidenta del tribunal que esta semana ha juzgado el caso de los asesores en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, ha tenido que redundar en esta advertencia en más de una ocasión durante los cinco días que ha durado la vista que ha sentado en el banquillo de los acusados al exalcalde Pedro Pacheco y sus exasesores andalucistas Pepe López y Manuel Cobacho. No era para menos, ya que el trasfondo de esta causa de nuevo han sido las malas relaciones de los que fueran socios de Gobiernos durante dos años (2005-2007) y su reencuentro cara a cara en la sala volvió a confirmarlo el pasado martes cuando la exregidora socialista Pilar Sánchez declaró como testigo.
No hay que olvidar que fue ella quien puso en manos de la Fiscalía Anticorrupción las presuntas irregularidades por las que el Ministerio Público abrió la causa y por ello el actual líder de Foro Ciudadano ni siquiera se molestó en levantar la vista cuando Sánchez hizo su aparición en los pasillos del edificio de la Avenida Álvaro Domecq.  Lejos de lo que le ocurrió al exalcalde, al que incluso la magistrada en un momento dado le llamó la atención y le invitó a sentarse en su sillón después de que Pacheco se tomara licencias como interrumpir a la fiscal (cuyo interrogatorio fue más breve de lo que se esperaba), Sánchez empezó apocada (la jueza le tuvo que pedir que hablara más alto para poder grabar su testimonio), pero el que un funcionario entrara a avisar a la presidencia de que a las tres de la tarde se apagaba el ordenador (la crisis tampoco perdona en el juzgado)  fue como un revulsivo para la exalcaldesa. A partir de ahí,  cambió el tono y cogió carrerilla para defender a sus asesores (“Mis asesores sí van a trabajar todos los días a su puesto de trabajo”) y dar los titulares de la jornada “Vimos documentos extraños pagos sin contraprestaciones y empezamos a tirar de hilo”, llegó a afirmar. A su salida, parecía que se había quitado un peso de encima, mientras que Pacheco sacudía su cabeza en claro desacuerdo.
El día antes había llegado a retar a la sala sin problemas preguntando por la existencia de “alguna norma” que impidiera contratar a sus asesores, a los que también defendió con uñas y dientes, y dejando también máximas importantes como “no entraba en cuestiones de gerente para abajo”o o “eso son minucias en las que un ejecutivo no entra” en respuesta a las presuntas irregularidades detectadas en los contratos de sus exasesores, uno de ellos, el de López, “verbal”, que ha centrado muchas horas de debate, por su falta de soporte físico. Ese controvertido contrato sumado a sus facturas cobradas con fechas anteriores a la emisión de las órdenes de pago a razón de unas cantidades por encima de los 4.500 euros que no eran idénticas también ha sido otro de los temas recurrentes de esta vista y que ni el departamento de contabilidad de la sociedad Jerez 21 Speed Festival y Emusujesa han conseguido explicar.
Y es que si Pacheco, se remitía  constantemente a los gerentes de las citadas empresas municipales cuando la acusación y la fiscal le pedían explicaciones de la ausencia de expediente de contratación de sus dos cargos de confianza, al día siguiente los gerentes hacían lo propio con el personal administrativo, mientras que estos aseguraban que se limitaban a cumplir órdenes.  Al final han sido casi 20 testigos y sigue sin quedar claro quien redactó los controvertidos contratos.
Tampoco puede pasarse por alto la evaluación continua que realizó Cosano a los dos exasesores imputados. “¿Sabe usted qué es un expediente administrativo?” llegaba a preguntarles previo interrogatorio sobre su titulación académica, que en el caso de López algunos equipararon a su “formación política”. El letrado de la acusación particular que representaba al Ayuntamiento también tiró de la práctica del golf para tratar de evidenciar las relaciones personales de López con varios compañeros de Emusujesa, los mismos que mencionaron “coacciones” y “amenazas” cuando tuvieron que realizar un informe por encargo del gerente nombrado por el PSOE tras el cese de Pacheco en 2007 sobre las presuntas irregularidades de la contratación de López. ¿Jugaba usted al golf con Pepe?” Preguntaba insistentemente, llegando a trascender cuestiones meramente anecdóticas como la “baja” del procesado andalucista a esta afición por tener la rodilla fastidiada. También el ámbito deportivo salió a la luz en varias ocasiones cuando Cosano cuestionó de nuevo la ausencia de informes que justificaran los trabajos realizados y cobrados por los dos exasesores yendo a correr con Pacheco, en el caso de López, o prácticamente a distancia para referirse a Cobacho, por tener establecida su residencia fuera de Jerez.

acabar con la “impunidad”
Pero si hay una frase que puede definir a la perfección los testimonios que se han oido esta última semana en la sala de la sección octava de la Audiencia Provincial esa ha sido la de uno de los exasesores de Emusujesa, José Enrique Agüera, y que casa con las conclusiones que hizo el Ministerio Público en el último día de la vista. Costará olvidar la claridad y la pasmosa tranquilidad con la que Agüera afirmó que “en el Ayuntamiento de Jerez la contratación de los asesores es un mundo abierto”, pese a dejar claro que si de él hubiera dependido hubiera hecho las cosas “de otra manera”. La fiscal Virginia Alonso en su informe final casi se enfadaba cuando repetía hasta la saciedad que “en una administración pública no se puede hacer lo que la uno le dé la gana”, en clara alusión a la secuencia de hechos que rodeó a la contratación de López y Cobacho. Pese a todo, el Ministerio Fiscal solicitó finalmente una pena de seis años de cárcel y diez de inhabilitación para el desempeño de cargo público para el exalcalde jerezano por un delito continuado de prevaricación, malversación y falsedad documental. Su petición suponía una rebaja de casi 12 años de cárcel respecto a la solicitud inicialmente planteaday revelaba la incógnita de la jornada, ya que el día antes la acusación avanzó que bajaría “muy  considerablemente” en su petición de pena, que finalmente fijó en cuatro años y seis meses de cárcel y ocho de inhabilitación, frente a los 18 que solicitaba inicialmente. Aún no ocultando la “gravedad de los hechos” Cosano fue muy claro para referirse a la “sensatez” y al “principio de la proporcionalidad. “No puede ser que una persona tenga una petición de pena superior a la que tendría por matar en otro”, dijo. 
Para los exasesores andalucistas imputados, José López y Manuel Cobacho, la Fiscalía pide cuatro años y seis meses de cárcel, más ocho años de inhabilitación para el primero y siete para el segundo. Se les imputan presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. 
Pese a la reducción de las penas, la acusación volvió a tirar de una máxima que también repitió al propio exalcalde cuando declaró. “Hay que acabar” con “esa sensación de impunidad que ha existido en el Ayuntamiento de Jerez”. Ahora sólo queda esperar.

Las “infracciones administrativas” de Pacheco

En su alegato final para pedir la libre absolución, el abogado de la defensa de Pacheco, Felipe Meléndez,  llegó a reconocer  “meras infracciones administrativas” en las contrataciones de estos asesores, pero también aseguró que las elevadas penas solicitadas inicialmente tanto por la Fiscalía como por la acusación han supuesto a su juicio “criminalizar algo que debería haber ido en todo caso a otro orden jurisdiccional”.
De nuevo, su discurso se amparó en las competencias que Pacheco tenía “delegadas” como vicepresidente de Emusujesa por la alcaldesa como presidenta de las citadas sociedades.