Se añade desde el Ejecutivo local que “ahora es necesario enfocarse en convertir las áreas acordadas de cooperación en acuerdos específicos de cooperación transfronteriza”. Los tres ministros decidieron en el reciente encuentro que los acuerdos “deberían ser alcanzados de forma inmediata”, poniendo como fecha preferible finales del presente año o como muy tarde el verano de 2010 para el resto de las áreas.
En las jornadas previas a la reunión, el ministro principal, Peter Caruana, declaró que el lenguaje que habría que acordar debía neutralizar cualquier posible beneficio para España en el contexto de la cooperación marítima tras “su designación de nuestras aguas” en la UE. Caruana explicó que esto suponía que España debía reconocer que su designación de un área de importancia comunitaria “en nuestras aguas” y la decisión de la Comisión al respecto, no había cambiado nada a favor de España.
Esto fue exactamente lo que se consiguió, a criterio del Ejecutivo del Peñón, en los textos acordados en los que España reconoció que “esta designación no tiene implicaciones y no modifica la jurisdicción, control y soberanía sobre las aguas a las que se refiere, que permanecen tal y como estaban antes”. Un portavoz del Gobierno del Peñón señaló que “España reconoce que su designación no ha cambiado nada y que la postura en relación con la soberanía, jurisdicción y control de las aguas tras la designación y la decisión de la Comisión, permanece exactamente igual que antes de designarse”. Para la Administración gibraltareña estos hechos hacen que se neutralicen completamente los efectos de la designación y la decisión en lo que se refiere a la soberanía, jurisdicción y control de las aguas.
Se informa desde el Nº6 que el caso legal presentado por el Gobierno para anular la decisión, continúa y que la postura gibraltareña y del Reino Unido sobre la soberanía de las aguas, se mantiene, así como la postura española al respecto. “No es serio pensar que España podría acordar abandonar su reclamación de soberanía como precondición para la cooperación”, señaló el portavoz del Gobierno, añadiendo que “no era esto lo que el Peñón buscaba de España ya que nosotros tampoco deseamos comprometer nuestra postura sobre la soberanía en aras de la cooperación”.
Desde el Ejecutivo del Peñón se ha repetido el agradecimiento al Gobierno español y en particular al ministro Moratinos, por aceptar viajar a Gibraltar para el encuentro a sabiendas que sería utilizado políticamente contra él. “La reciprocidad del respeto y la cooperación y la audacia política que respete los deseos libremente expresados de Gibraltar, es el único camino viable y democrático”, aseguró el portavoz gubernamental, considerando que el Peñón “debería estar orgulloso de la organización”.
Por otra parte el Gobierno de Gibraltar ha arremetido “contra los comentaristas políticos que buscan criticar, faltando a la verdad, las actuaciones del Ejecutivo”. Como un ejemplo más de esta política el portavoz gubernamental defendió que es una “completa fabricación” que el Gobierno haya acordado “resolver la reclamación” de los trabajadores españoles.
PP
Por su parte el diputado nacional del PP, José Ignacio Landaluce, denunció ayer que las declaraciones de Caruana acerca de la falta de propuestas por parte del ministro Moratinos, para solucionar la situación de los trabajadores españoles en Gibraltar evidencia que los anuncios realizados tras la visita del jefe de la diplomacia española al Peñón “son mera propaganda política”.
Landaluce recuerda que Moratinos anunció que arreglar el problema de este colectivo “era una prioridad para el Gobierno y ahora se evidencia que no hubo ninguna propuesta concreta”.
