El guardia civil que disparó fortuitamente al súbdito marroquí Bilal Argaz cuando éste y otros dos compatriotas suyos huían de un control en el puerto de Algeciras será juzgado por una sala de lo penal de Algeciras.

Fuentes judiciales revelaron a este diario que el juez instructor del caso dictó un auto considerando los hechos como delito de homicidio imprudente, tal y como planteaba la acusación particular, y no como falta, tal y como se recogía en el escrito de acusación del fiscal.

El efectivo del Instituto Armado, que pasó a la situación de imputado a finales de marzo de 2008, se enfrentará a una petición de pena de entre 1 y 4 años de cárcel, si bien todavía no se habría fijado la fecha del juicio, indicaron las mismas fuentes.

De hecho, aún está pendiente de respuesta un recurso presentado por el fiscal de Área de Algeciras, Juan Cisneros, a principios de este verano, en el que declara que el proceso no es competencia de los juzgados de lo penal -pese a que las penas son inferiores a cinco años- sino de la Audiencia Provincial. La razón, según el propio Cisneros, es que se trata de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que como tal es la Audiencia el órgano con las competencias necesarias.

Por tanto, hasta que no se conozca el resultado de este recurso, el proceso seguirá paralizado y pendiente de fijación de la fecha del juicio, indicaron estas fuentes.

Disparo fortuito
Bilal Argaz murió el 17 de marzo de 2008 tras una breve persecución por parte de la Guardia Civil. Según la versión oficial, en un control a la altura de Isla Verde, en el Acceso Sur del Puerto, el agente imputado y su compañero hallaron a los sospechosos, que previamente habían sido denunciadas por otra persona, con la que tuvieron un problema de tráfico, por portar supuestamente un arma.

Tras negarse a parar para identificarse, la víctima y sus compañeros habrían iniciado su huida, dando lugar a una persecución durante la que el agente disparó supuestamente a las ruedas del coche en dos ocasiones. Uno de estos disparos atravesó la parte trasera del coche e impactó en Argaz, causándole la muerte poco más de una hora después.

Previamente, y siempre según la versión oficial emitida desde el Instituto Armado, los fugitivos habían tratado de arrollar a uno de los agentes actuantes en su huida.

Tras el disparo, el coche en el que viajaba Argaz, un Seat León, se quedó detenido a la altura de la rotonda del Acceso Central al Puerto. Pese a ser atendido de inmediato, Argaz murió antes de poder llegar al hospital. Sus dos acompañantes acabaron ilesos y fueron detenidos.

Ante la creencia de que Argaz y sus compañeros podían portar un arma en el interior del coche, se inició un rastreo por parte de los buzos de la Guardia Civil en toda la zona del Río de la Miel para intentar localizar la pistola, pero nunca se encontró.

No obstante, días después de los hechos, la Policía Nacional halló la cantidad de 100.000 euros en el vehículo que relacionaban supuestamente a Argaz y sus compañeros con actividades de narcotráfico.

La muerte de Argaz provocó una movilización, días después, en su Marruecos natal, durante el entierro de la víctima. Su hermano, Mohamed Najid, inició una campaña para defender la imputabilidad del agente y el pasado mes de noviembre pedía "más testigos" durante la instrucción del caso.

De otro lado, la apertura del proceso contra el guardia civil tuvo lugar en un ambiente de reiteradas muestras de apoyo por parte de las principales formaciones sindicales relacionadas tanto con la Policía como con la Guardia Civil.

Según fuentes consultadas en su momento por este diario, el agente implicado en este hecho continuó prestando servicio en un destino diferente al puerto de Algeciras que no fue revelado por cuestiones de seguridad.

Como precedente de este proceso, en diciembre del pasado año se juzgó a otro agente de la Guardia Civil por homicidio imprudente, en este caso por disparar accidentalmente contra el ocupante de una patera que llegó a las costas de Tarifa en 2000. Al efectivo del Instituto Armado le condenaron a 6 meses de prisión y año y medio de inhabilitación para el ejercicio de su labor. Recientemente el caso se remitió al Tribunal Supremo.