El Pleno se inició a las 9.00 horas con la única ausencia justificada de la concejal socialista Regina Cuenca, y con un único punto en el orden del día, la propuesta de resolución sobre la ejecución de la sentencia de 19 de noviembre de 2004, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del TSJA.
Tras su lectura, el Partido Popular solicitó la admisión de una enmienda a la moción, consistente en que se le enviara al Tribunal no sólo el informe de los juristas municipales como pretende la propuesta inicial, sino también los elaborados por Diputación Provincial y el despacho Cuatrecasas, y que cuando la Sala decidiese que la sentencia emitida fuera o no ejecutable, que especificara cómo y el procedimiento a seguir.
Enmienda
El debate de la Corporación se centró en la posible legalidad o no de la propuesta del Grupo Popular. Mientras que el edil Juan Carlos Ruiz Boix consideraba que era del todo ilegal y que la nueva propuesta sería nula “porque no se pueden incluir modificaciones al punto del orden del día”, el resto de grupos aceptaron su inclusión al entender que la Ley permitía realizar enmiendas sobre el mismo punto del orden del día. El alcalde José Vázquez aseguró que “esta nueva propuesta no altera en nada el orden del día”.
Finalmente se decidió aceptar el escrito del PP por mayoría como enmienda a la moción original, no sin que antes el PA hubiera consultado al secretario general si existiría alguna ilegalidad manifiesta en ello, y que éste hubiera dado 10 días de plazo para contestar. El PIVG, por su parte, lamentó que “no haya un consenso general” y adelantó su abstención en el voto “porque no sabemos cuál es el momento de ejecutar la sentencia y deben ser los Tribunales los que lo vayan viendo”.
Tras ello, se produjo un enfrentamiento entre el teniente de alcalde, José Antonio Ledesma, y el secretario general, al afirmar el edil que le había solicitado el Pleno un informe jurídico y no lo había realizado en tiempo. Ledesma aseguró que el informe del secretario general “no era definitorio”, y que se limitaba a un “informe doctrinal y no específico” de este asunto, por lo que “no tenía mucho valor”.
Además Ledesma recordó que “los informes de Diputación Provincial y Cuatrecasas también recogían la posibilidad de que la sentencia fuera inejecutable, y el del secretario general dice que no hay posibilidad de que la sentencia sea ejecutable”.
“No nos cabe duda de que la sentencia la tenemos que cumplir pero quien tiene que decir el resultado es el TSJA sobre si la sentencia se ejecuta o no. Nos pidió que nos manifestáramos y para ello estamos llevando a cabo dicho pleno. Nuestra postura es siempre cumplir la legalidad y siempre en beneficio de los intereses de los ciudadanos”, dijo Ledesma. Además, Ledesma pidió al alcalde que solicitase al secretario general el envío íntegro del acuerdo plenario con cada una de las intervenciones realizadas.
Tras dicho enfrentamiento, el edil Ruiz Boix acusó a Ledesma de haber realizado “acoso laboral” al secretario general y rogó que se entregase una copia de las palabras de Ledesma a la junta de personal “para que se lleve a cabo el mismo trámite que hemos llevado recientemente” , y el lider de USR lo negó argumentando que “no había insultado ni vociferado en su alocución”, de lo que Ruiz Boix “no podía presumir”.
Por su parte, el portavoz del PP, José Cabrera, denunció que “pese a que se habían recibido injerencias y presiones externas, se está en disposición de buscar los mejores beneficios para el Ayuntamiento, aportando todos los informes disponibles a quien tiene la potestad de decidir sobre la sentencia”.
Asimismo, Ruiz Boix antes de la votación advirtió de la “posible ilegalidad de la medida”, considerando que “se trata de un intento fallido para incumplir la sentencia y mantener una adjudicación fraudulenta”. La votación reflejó que la enmienda fue aprobada por once votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones, y acto seguido pasó a discutir el punto en su totalidad.
El primero en tomar la palabra fue Juan Carlos Ruiz, que puso en duda la fiabilidad de algunas de las personas que habían emitido informes o que iban a votar la moción, “pues había estado implicados en la adjudicación que el Tribunal ha considerado ilegal”, y recordó que “los informes de Diputación y Cuatrecasas señalaban que la sentencia era ejecutable y pidió que la votación del punto fuera nominal, lo que finalmente se aceptó”.
Por otro lado, el portavoz del PIVG anunció su abstención en la votación, aunque recordó que “todos los informes contemplaban la posibilidad de que la sentencia fuera inejecutable”. Por su parte, Ledesma, denunció que los miembros de la Corporación “habían recibido pública y privadamente presiones, amenazas e intentos de extorsión”, que calificó de “seudo fascistas”.
Votación
El debate se alargó hasta pasadas las 11.00 horas, cuando se votó en primer lugar la propuesta de votación nominal, que resultó aprobada con los votos a favor de la mayoría, siendo de esta forma la votación del punto del punto del orden del día de forma nominal, arrojando finalmente nueve votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones.
Los ediles que votaron a favor fueron los ediles José Antonio Ledesma y Galindo de USR; Manuel Melero del PA; Fernando Palma, Eugenio Cabrera, Juan Ramírez, Romero Sámpalo, Dolores Morante y Salas del PP. Negativamente votaron los ediles socialistas Juan Carlos Ruiz Boix, Juan José Guillén, Herminia Moncayo y Miguel Núñez. Se abstuvieron José Vázquez y Rosa Macías del PSOE; Antonio Calero del PP; Jesús Mayoral y Roca del PIVG; y Monrocle y María García de USR.
