Asaja Cádiz ha solicitado a los ayuntamientos de la provincia y a la Diputación Provincial que apoyen al sector agrario y que "rechacen las dos estrategias presentadas el pasado 20 de mayo por la Comisión Europea --'De la Granja a la Mesa' y 'Estrategia para la Biodiversidad en el Horizonte 2030'-- que, "sin duda, van a tener una fuerte repercusión para el sector agrario europeo en general, para el español y andaluz en particular".
Según ha indicado Asaja en una nota, estos documentos, "además de culpar al sector agrario, sin razón, y en especial a la ganadería, de la emisión de gases de efecto invernadero, entre otras cosas, suponen más trabas, cortapisas y condicionantes a la agricultura y ganadería productiva europea, española, y andaluza, reduciendo la autonomía alimentaria e incrementando la dependencia de las producciones de terceros países".
Asimsimo, la asociación ha indicado que además, el pasado 27 de mayo, la Comisión Europea presentó su Plan para relanzar la economía de la Unión Europea (UE) tras la pandemia de coronavirus, a través de un Fondo de Recuperación con 750.000 millones de euros financiado con la emisión de deuda común y que finalizaría el próximo 31 de diciembre de 2024, "donde no se tiene en cuenta al sector agrario".
En este sentido, ha añadido que también se presentó una propuesta revisada del Marco Financiero (presupuesto de la UE 2021-2017), "que implica importantes recortes presupuestarios para la PAC".
"La reducción del presupuesto es especialmente grave para España, uno de los países más agrarios de Europa, que perdería 4.300 millones de euros, de los cuales 1.160 millones serían pérdidas para Andalucía, lo que significa un recorte inasumible para los agricultores y ganaderos, máxime en un período en el que se pretende ejercer tanta presión normativa como se indica en las dos estrategias, lo cual, es sencillamente, inaceptable".
Finalmente, Asaja ha señalado que muchos sectores y muchas explotaciones han quedado seriamente afectadas como consecuencia de la crisis del Coronavirus y sus efectos en determinados mercados, por lo que "es absolutamente necesario hacer una importante presión en Bruselas desde todos los ámbitos políticos, sociales e institucionales posibles".
