IU en el Ayuntamiento de Málaga pondrá en conocimiento de la Fiscalía el convenio urbanístico de La Térmica y su posterior adenda, según ha anunciado su portavoz, Eduardo Zorrilla, quien ha advertido de que este acuerdo firmado con Nueva Marina Real Estate --sociedad participada mayoritariamente por Endesa-- supone "el mayor saqueo al patrimonio de los malagueños, quizá de toda la historia de la ciudad". De hecho, estiman en 58 millones de euros el daño ocasionado a las arcas municipales con estas presuntas irregularidades.
La coalición presentará una moción en este sentido y pedirá de nuevo el informe de tasación de los valores urbanísticos que justifiquen la adenda al convenio. Una vez que tenga en su poder dicho documento o bien si se le sigue negando su entrega, pondrá este asunto en manos de la Fiscalía, teniendo en cuenta "el quebranto económico basado en completas ilegalidades". "Es un asunto extremadamente grave", ha alertado Zorrilla.
"Es la Fiscalía la que debe analizar si en estos hechos pueden existir indicios de delito que justifiquen una investigación criminal", ha declarado en rueda de prensa este martes el concejal de la coalición de izquierdas.
Este convenio urbanístico en estos terrenos, cedidos gratuitamente a Endesa para la construcción de una central térmica, fue firmado en agosto de 2008 y aprobado por el Pleno municipal en enero de 2009. La adenda, no obstante, es más reciente, de enero del presente año.
Para Zorrilla, "ni siquiera los dos años y medio de ocupación napoleónica en la ciudad supusieron tanto quebranto como este convenio y su posterior modificación a favor de la Endesa de José María Aznar y de Manuel Pizarro".
En este punto, ha criticado que esos terrenos, en lugar de ser devueltos a la ciudad una vez terminado el uso industrial para el que fueron cedidos, fueran recalificados para su conversión en residenciales, hoteleros y comerciales. "Endesa se dedicó a especular para sacar el máximo beneficio", ha lamentado.
Así, ha recordado que Endesa vendió este espacio y sus correspondientes aprovechamientos urbanísticos por 160 millones de euros a Nueva Marina Real Estate --participada mayoritariamente por la primera--.
"Es, por tanto, el segundo gran pelotazo que dio Endesa con estos terrenos", ha subrayado Zorrilla. Como contraprestación a las plusvalías que Nueva Marina Real Estate obtenía con dicha recalificación, ésta tenía que pagar 58 millones al Ayuntamiento.
Sin embargo, ha apuntado, "desde el principio esta sociedad empezó a incumplir los plazos para hacer frente a ese pago y a poner piedras en el camino, con diferentes contenciosos-administrativos, que fue perdiendo uno a uno".
Pese a eso, el pasado mes de enero se firmó una adenda, que tenía como objetivo hacer viable el cumplimiento del convenio de 2008 por parte de Nueva Marina Real Estate, entonces en proceso de concurso de acreedores. Para ello, se limitaban sus compromisos y se redefinían sus obligaciones de urbanización.
En concreto, los 58 millones de euros que debía abonar esta sociedad eran sustituidos con la entrega de 32.833 unidades de aprovechamiento y con una nueva distribución de los costes de urbanización, que pasaban al Ayuntamiento de Málaga.
Zorrilla ha resaltado, no obstante, que en septiembre de 2011, ante una de las reclamaciones de revocación que presentó Nueva Marina Real Estate, un informe del propio Ayuntamiento ya establecía que ese convenio formaba parte del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por lo que cualquier cambio del mismo tenía que seguir la vía de la modificación del planeamiento, algo que "no se hizo, contraviniendo, por tanto, los propios documentos jurídicos emitidos desde instancias municipales".
LA ADENDA, FIGURA "ILEGAL"
En lugar de esto, se optó por la adenda, que, tal y como ha especificado el portavoz municipal de la coalición, "era una figura errónea o inadecuada para modificar el convenio". Más aún, ha aseverado, "ilegal".
En suma, el concejal de Izquierda Unida ha denunciado que "se incumple la proporcionalidad entre los usos lucrativos de los aprovechamientos privados y las inversiones privadas para su materialización".
Al respecto, durante su exposición, ha aludido a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que establece que, para la modificación de las determinaciones contenidas en un convenio, el desequilibrio económico ha de ser cierto y justificado, algo que, sin embargo, atendiendo a informes municipales, no se daba en este expediente.
