El atractivo que tiene la provincia de Málaga como destino turístico también lo tiene para el sector inmobiliario, que encuentra, sobre todo en la capital y el litoral malagueño, un buen mercado para la venta de viviendas, en muchos casos segundas residencias.
Ante este nuevo despertar del ladrillo y coincidiendo con el noveno aniversario de la declaración de insolvencia de Aifos, uno de los concursos de acreedores que afectó a más familias que anticiparon sus ahorros a cuenta de la construcción de viviendas que nunca se les entregaron, se presentó el primer informe de la organización SOS Vivienda que, elaborado por Ley 57 Abogados, analiza el grado de cumplimiento actual de las leyes que protegen a los consumidores por parte de los promotores que están desarrollando promociones de viviendas en la provincia.
Así, SOS Vivienda examinó en 93 obras en distintos grados de ejecución y en las que en conjunto anunciaban la construcción de unas 5.000 viviendas, el grado de cumplimiento de 37 obligaciones que la ley impone a los promotores, con especial énfasis en la puesta a disposición de los compradores de las garantías obligatorias sobre las cantidades que adelantan al comprar sobre plano. “El resultado en este aspecto es desolador”, concluye este informe en el que se desprende que el 99 por ciento no se refiere a la garantía de las cantidades que perciben por anticipado, y ninguna incluye en su publicidad la referencia a esta garantía . De las obras analizadas sólo en una se entregó copia de una línea de avales que en cualquier caso resultaba insuficiente respecto al número de viviendas puestas a la venta por este sistema de cantidades anticipadas.
Asimismo se analizó el cumplimiento de la normativa nacional y autonómica respecto a la información que debe de estar a disposición de los potenciales compradores, resultando también muy desfavorable para el consumidor ya que el 89 por ciento ni siquiera pone a disposición del público el Documento Informativo Abreviado, que regula la información mínima a suministrar a los potenciales compradores de vivienda en Andalucía desde el año 2.005. El 73 por ciento no publica el modelo de contrato que se usaría para documentar la compraventa, y el 87 por ciento ni siquiera facilita los datos de la empresa en el Registro Mercantil.
Destaca sobre todo que el 46 por ciento de las promotoras no ofrecen información escrita sobre la fecha de entrega y el 88 por ciento no informa de los gastos e impuestos que asumiría el comprador. En la mayoría de casos o bien el comercial desconocía la obligación de suministrar esta información o bien dirigía al interesado a su página web o a su oficina central en Madrid. Incluso alguna promotora sólo suministraba la información de modo parcial y en inglés.
De este modo, el informe destaca que estos incumplimientos son graves y pueden provocar quese repitan situaciones como las vividas por los afectados de Aifos, 5.000 familias que perdieron sus ahorros por carencia de las garantías legales y a los que SOS Vivienda está ayudando por las nuevas vías que el Tribunal Supremo abrió recientemente.
Por todo ello, SOS vivienda recomienda a los consumidores conocer y exigir el cumplimiento de sus derechos ante la compra de una vivienda, mientras que insta a los promotores a realizar un autocontrol de cumplimiento de la normativa y mejorar la formación de sus comerciales.
Por último, exige a las administraciones que establezcan un sistema eficaz de inspección sobre las obras en ejecución que permita una protección efectiva de los posibles compradores ante incumplimientos del promotor.
