El ambiente laboral en los tribunales de Justicia españoles está cada vez más crispado, después de la segunda oferta hecha el pasado lunes por los representantes del Ministerio, que dirige Pilar Llop, a tres asociaciones de jueces y fiscales, donde se les ofrecía 46,7 millones de euros para mejorar sus retribuciones.
Una oferta económica realizada mientras que a las puertas de las sedes judiciales de toda España se manifestaban funcionarios de Gestión, Tramitación, Auxilio Judicial y médicos forenses, que vienen reclamando (sin respuesta ni oferta en la mesa) desde finales de abril, un incremento de sus nóminas de entre 430 y 350 euros mensuales.
Este martes 9 los funcionarios de Málaga se concentraron a las puertas de los juzgados de Marbella y Estepona, unos órganos con mayor índice de carga de expedientes judiciales de todo el país, para pedir a la ministra que se siente a negociar con el Comité de Huelga, integrado por representantes de cuatro sindicatos (CSIF, STAJ, CC OO y UGT).
En las dos concentraciones se volvió a solicitar que se abra la negociación en Madrid, al tiempo que se insistió a los funcionarios por parte sindical que se cumplan las funciones estrictas en los juzgados que la ley encomienda al personal de los cuatro cuerpos generales de Justicia, ahora en huelga indefinida.
RECURSO DE CSIF CONTRA EL ACUERDO DE MEJORA DE LOS LAJ
Por su parte, CSIF ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo al que llegaron el pasado 28 de marzo tres asociaciones profesionales de los Letrados de la Administración de Justicia (unos 4.200 en toda España) en el que se les suben las nóminas unos 450 y 430 euros.
El recurso se apoya, en parte, en que tanto el Ministerio como Función Pública, dependiente de Hacienda, conocen que el marco de la negociación colectiva está atribuida constitucionalmente a la organizaciones sindicales, que ostentan también la representación, según la normativa actual, de los antiguos secretarios judiciales.
Por ello, consideran que esa negociación y el acuerdo de poner 22 millones de euros para mejorar sus retribuciones, adoptado por el Gobierno con los colectivos profesionales de los LAJ, estaría fuera del marco de la ley de Libertad Sindical, donde se otorga la representación a los sindicatos tradicionales de funcionarios.
El sindicato sostiene que de este modo la negociación colectiva, que les atribuye también el Estatuto Básico del Empleado Público, se suplanta por "unas asociaciones opacas que no se presentan a unas elecciones y que se dedican a boicotear los procesos electorales impugnando los censos para dar la impresión de que los “pobres” LAJ no tienen marco de negociación ni de representación, lo que sencillamente es mentira».
La parte sindical recalca que se han mejorado las nóminas del 7% de estos empleados públicos dejando fuera las del 93% de los funcionarios de Justicia, unos 45.000 en todo el país.
