Además, los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, han anunciado que presentarán a los grupos parlamentarios un conjunto de medidas concretas y detalladas para que las estudien y puedan ser incorporadas a las enmiendas que presenten durante la tramitación del decreto como proyecto de Ley.
No obstante, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha recalcado que el Gobierno no aceptará enmiendas que afecten al objeto central de la reforma o que la desvirtúen.
Corbacho confió en que los grupos parlamentarios apoyen el decreto el próximo martes en el debate de convalidación del mismo y lo “enriquezcan” durante el proceso parlamentario, al tiempo que aseguró que el decreto se “ajusta a una partido de izquierdas”.
El mismo día en que las Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo se publican en el BOE el presidente de CiU, Artur Mas, reveló que su partido facilitará la admisión a trámite en el Congreso aunque puntualizó que la ve “manifiestamente mejorable” y que su voto final al texto dependerá de si se aceptan sus enmiendas.
“En estos momentos, no podemos decir si daremos pleno apoyo” a la reforma, porque “aún tenemos que mirar y estudiar la letra pequeña”, destacó.
Asimismo, el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, aseguró tras reunirse con los dirigentes de UGT y CCOO, que su formación decidirá “definitivamente” su voto durante la Ejecutiva nacionalista del lunes y admitió que la posición es igual de “equidistante” que hace dos días.
Sin embargo fuentes del PNV explicaron que este grupo parlamentario se siente más cercano a la nueva redacción del decreto ley que al borrador, sobre todo en lo que se refiere a la nueva definición sobre las causas objetivas de despido por razones económicas, técnicas u organizativas.
El PP, según indicó su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha decidido aún si votará en contra o si se abstendrá en la votación del martes y dijo que el texto es confuso.
Los partidos políticos que sí reiteraron su voto en contra fueron IU e ICV, quienes legitimaron “más que nunca” la huelga general del 29 de septiembre ante la “agresividad” del decreto y el recorte de derechos “sin precedentes”.
Los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Joan Herrera (ICV) también exigieron al Gobierno un cambio de rumbo político y mientras el primero confió poco en que pueda ser posible, Herrera dijo que “sería bueno que en el PSOE alguien tuviera una mínima sensibilidad social y progresista”.
En este sentido coincidieron con la petición de Ignacio Fernández Toxo, quien pidió un cambio en la dirección política del Gobierno, aunque puntualizó que no es favorable a un adelanto electoral ante el escenario actual de crisis.
