Han rechazado mayoritariamente 23 enmiendas de las minorías de izquierdas.
La reforma de la Constitución que garantizará la estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas quedó ayer aprobada definitivamente tras ser avalada por el Senado con 233 votos a favor de PP, PSOE, PSC y UPN, tres en contra y sin que los nacionalistas hayan participado en la votación.
La modificación del artículo 135 de la Carta Magna fue avalada por el pleno de la Cámara Alta después de haber rechazado mayoritariamente 23 enmiendas de las minorías de izquierda y las formaciones nacionalistas, incluidas las que reclamaban que la reforma fuera sometida a referéndum popular.
De esta manera, el texto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es el mismo que ratificó el Congreso la semana pasada, con el acuerdo de las mismas fuerzas políticas que ayer lo respaldaron en el Senado.
Los tres votos emitidos en contra proceden de los dos senadores de Coalición Canaria, Narvay Quintero y Miguel Zerolo, y del representante de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca.
Los tres senadores de ERC junto al del BNG se ausentaron del hemiciclo justo antes de la votación, mientras que los nacionalistas de CiU, PNV, así como los dos parlamentarios de ICV, permanecieron en sus escaños, pero sin participar en la votación final del conjunto.
Además, ayer no acudieron a la sesión plenaria los senadores socialistas críticos con esta modificación Imanol Zubero y Roberto Lertxundi.
Las votaciones estuvieron precedidas de un largo debate en el que durante tres horas y media los portavoces de los grupos reiteraron sus argumentos a favor y en contra de la modificación urgente de la Carta Magna para limitar el déficit público.
Por un lado, PP y PSOE, a quienes se unió Unión del Pueblo Navarro, exhibió el consenso político alcanzado entre ambos para una reforma que no sólo consideran necesaria y urgente, sino obligada por un ejercicio de “responsabilidad” política ante la inestabilidad de los mercados y la exigencia de generar confianza.
Tanto Pío García Escudero (PP) como Carmela Silva (PSOE) coincidieron en que la modificación no es antisocial porque de hecho permitirá tener unas cuentas públicas saneadas que garantizarán la aplicación de futuras políticas sociales.
Negaron tajantemente que suponga un recorte en el poder autonómico y local o una nueva centralización, acusaciones lanzadas desde los grupos nacionalistas; además, Silva advirtió que el referéndum podría demorar su eficacia y poner en riesgo la medida.
Desde el PSC, Isidre Molas afirmó que la Constitución se cambia “en interés de Cataluña, de España y de Europa”, esto es, “a favor de y no contra nadie”, hizo notar la situación de “interdependencia absoluta” de la economía española ante Europa.
