La Fiscalía recurrió ayer ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) de archivar la parte del caso Gürtel que afecta al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Administración regional y del PP valenciano.

Así lo informaron fuentes del Alto Tribunal, que señalan que en el registro de este órgano figuran, con fecha de ayer, la entrada del recurso de la Fiscalía y de otro interpuesto por el PSPV-PSOE.

El pasado 3 de agosto, la sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV archivó la causa abierta contra Camps por un delito de cohecho al estimar que no había relación entre los “agasajos” que pudo recibir y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market, una de las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa.

El auto contaba con el voto particular de uno de los magistrados, Juan Montero, que cuestionaba la interpretación que sus dos compañeros –entre ellos el presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa– habían dado al artículo 426 del Código Penal (cohecho impropio) y decía no estar “convencido” de que los hechos “no sean constitutivos de delito”.

En la resolución, la sala reconocía que tanto Camps como el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret podrían poseer diferentes prendas de vestir abonadas por Orange Market, empresa ligada a la trama Gürtel.

No obstante, argumentaba que no existe un “nexo de causalidad” entre estas “dádivas o regalos” que podrían haber recibido los cuatro imputados y las adjudicaciones de contratos públicos obtenidas por Orange Market, lo que a su juicio anula la existencia de delito.

REACCIONES

El PPCV aseguró que cuenta con la aceptación y el apoyo de la dirección nacional del PP para tomar las “medidas pertinentes” ante las acusaciones procedentes del “Partido Socialista y el Gobierno de Zapatero” contra esta formación en el marco del caso Gürtel.

En un comunicado, el partido en la Comunitat Valenciana reitera que estas medidas pasan por la presentación de una denuncia sobre el informe policial donde aparecen “informaciones sesgadas, intencionadas y sin pruebas” que apuntarían a una posible financiación irregular del PPCV.

Asimismo, se encarga un informe sobre las cuentas del PPCV “a una firma auditora internacional para que quede patente, de nuevo, la transparencia de las mismas”, así como que el Tribunal de Cuentas “vuelva a fiscalizar de forma individual” la contabilidad de esta formación, y se reclama la creación de una comisión de investigación en Les Corts sobre la financiación del PPCV y del PSPV.

El grupo socialista rechazó ayer apoyar esta última medida al aducir que su único objetivo debe ser el de analizar las relaciones contractuales de la Generalitat.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, calificó de “disparate desde el punto de vista jurídico” la denuncia que va a presentar el PPCV contra los autores del informe policial sobre la supuesta financiación irregular de ese partido, además de “una pésima respuesta política, antidemocrática”.

Según explicó Peralta, “la policía actuó con autorización judicial”, y por tanto con ese permiso “se llevaron a cabo registros de las sedes de las empresas implicadas en la trama Gürtel y obtuvo determinada información”, con la que realizó “unas conclusiones y éstas son puestas a disposición de la autoridad judicial”.

La Policía lo que hace, indicó el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, es cumplir las órdenes dadas por el juzgado, y en cumplimiento de esa orden se incauta de papel y determinados registros informáticos, y eso “lo tiene que poner a disposición del juzgado y lo tiene que investigar”.

Peralta hizo hincapié en que ese trabajo fue remitido a la autoridad judicial a finales de julio, y destacó que se entregó a los tres tribunales competentes entonces en el caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y el Tribunal Supremo.