Los piratas somalíes detenidos renuncian a sus abogados

Los dos supuestos piratas somalíes detenidos en España acusados de participar en el secuestro del atunero Alakrana en aguas del océano Índico renunciaron ayer a sus abogados, según informaron fuentes jurídicas.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que debe juzgarlos, ha instado a Abdu Willy y a Raageggesey Adji Haman a nombrar nuevos letrados, con la advertencia de que, si no lo hacen, se les designará uno de oficio.

“Renuncio como abogado definsona (sic) a Francisco Javier Díez Aparicio”, es la frase que consta en el escrito, realizado a mano con incorrecta caligrafía por ambos detenidos en un formulario de la cárcel de Soto del Real y fechado el 26 de noviembre.

Así, el texto sólo hace referencia al letrado que representa a Abdu Willy, pero no nombra a Begoña Castro Jover, que representaba a Raageggesey Adji Haman, pese a que éste también firma el escrito de renuncia.

La defensa de ambos debía pronunciarse sobre la celebración de la vista o su archivo, una vez que la sección cuarta de la Sala de lo Penal dicte la apertura de juicio oral.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado ya a los dos supuestos piratas por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas –no les acusa de asociación ilícita–, y la Fiscalía, que tiene previsto solicitar penas que superan los 200 años de cárcel, ya anunció su rechazo a pactar un acuerdo para que ambos pudieran ser expulsados a Somalia.

Para Díez Aparicio existía la posibilidad de que a los detenidos se les pudiera aplicar el artículo 57.7 de la Ley de Extranjería, previsto para los procesados o inculpados por delitos castigados con menos de 6 años de prisión.

El letrado pidió que la Justicia considerara a su representado como cómplice, y no autor, del secuestro del atunero Alakrana, para que la pena que le corresponda sea inferior a los 6 años de prisión y pueda tramitarse un expediente de expulsión.

De la misma manera solicitó al magistrado que pidiera al Ministerio de Defensa que aclarara si antes de trasladar a los detenidos a España, fueron llevados a un barco no español, lo que en su opinión podría constituir una detención ilegal.