Es lo que vienen haciendo las empresas, inmobiliarias, portales de internet y todo dichoso especulador chico o grande: miran lo que cobra el vecino porque si no lo supera, o al menos lo iguala, se siente como disminuido. Se cree tonto. Y de remate están, pero no son tontos. Vaya “tontería” sacarle el máximo provecho al alquiler, o sea, a las costillas de quien tiene menos. El alquiler ha dejado de ser una ayuda para pasar a ingreso de primera magnitud. Con razón han crecido los desahucios; pero no porque el arrendatario sea un “moroso redomado”. A lo sumo se hacen cuentas equivocadas, promovidas por la necesidad de vivir bajo techo; pero las buenas intenciones se desmoronan cuando el salario percibido no alcanza a cubrir necesidades. Hasta hace mucho, el máximo porcentaje destinado a sufragar la vivienda estaba por debajo del 20%, elevado al 30% hace menos. Se ha disparado de forma ostensible y vergonzosa, para que, sólo puedan habitar bajo techo aquellos cuyos ingresos superen los dos mil euros mensuales. Y las familias que creen poder hacer un esfuerzo para pagar la abultada cifra exigida por la especulación, pronto salen de su error: cuando acaban en el Juzgado. Esto no es la “ley de la oferta y la demanda”, es la de “a más demanda mayor negocio con precios más altos”. Es la ley del más fuerte.
Fomentado por el propio gobierno con leyes a favor de los propietarios-especuladores, los de “como no pueden comprar, tienen que alquilar” aupados sobre la dificultad ajena, suben por encima del importe mensual de la hipoteca que ha puesto a la familia en la calle por la dificultad para estirar el sueldo. “Que se aguanten”, habrá pensado cierta diputada, pero con una expresión “algo” más soez. Lamentable que ese sea todo el esfuerzo por sus administrados, de gobierno, Parlamento y ayuntamientos. Delirante y vergonzoso, pero mucho más grave aún cuando la especulación viene de la propia Administración. Nos timan con algo llamado “tasación”, porque el principal elemento de referencia son “los precios imperantes en el momento”, precios impuestos por la usura especulativa, no por ninguna regla lógica, ni justa, ni de regulación del beneficio.
Ahora el propio Ayuntamiento de Sevilla, a través de su empresa promotora-inmobiliaria, anuncia la publicación de “precios de referencia del alquiler”. En referencia ¿a qué? ¿A las necesidades de las familias o a la codicia de los arrendadores? La Administración tiene la obligación de intervenir a favor de los más necesitados, nunca en mejorar el beneficio empresarial; jamás en el abandono de su deber de control con que llevar los precios al nivel de lo asequible. Es un mandato constitucional. Uno de los olvidados, por supuesto. Pero no hay la menor racionalidad en tomar como referencia unos precios inflados por la usura, por la codicia, por el egoísmo de la especulación, del ganar más a costa de lo que sea. Es lo que está haciendo Emvisesa al fijar entre 300 y 600 euros mensuales al alquiler de sus “soluciones habitacionales colaborativas”, eufemismo intolerable con que huir de la definición justa; porque se trata de vivir en una habitación con baño y, en este caso, servicios comunes.
