Jerez

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que anula el proceso de estabilización

Muñoz entiende que a partir de ahí se dispondrá de un plazo aproximado de 20 días para desarrollar una estrategia que permita salvarlo

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  • Agustín Muñoz, en rueda de prensa. -

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno local, Agustín Muñoz, ha avanzado hoy que el Ayuntamiento va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Jerez que ha declarado nulas las bases del proceso de estabilización de la plantilla municipal.

De este modo, el Consistorio responde a dicha sentencia en el plazo de cinco días hábiles de que disponía, que es “el primer paso” que había que dar para tratar de salvar el proceso. A partir de ahora habrá que preparar el recurso propiamente dicho, considerando Muñoz que el Ayuntamiento dispondrá de alrededor de veinte días para “fijar una estrategia”.

Ya posteriormente llegará el momento de valorar “qué se puede hacer”, teniendo en cuenta que el plazo para culminar el proceso finaliza el próximo 31 de diciembre y existe por tanto muy poco margen para tratar de salvarlo. “Lo primero es anunciar que se va a presentar el recurso, porque si no lo presentamos ni siquiera tendríamos posibilidad de estudiar qué pasos pueden darse a continuación”, apostilló.

El primer teniente de alcaldesa calificó además de “sorprendente” la reacción del grupo municipal socialista, que de algún modo ha responsabilizado de las bases del procedimiento al sindicato CGT cuando la baremación recogida en el documento “fue aprobada por la Junta de Gobierno local”. “Al menos tendrían que reconocerlo y colaborar para que el procedimiento pueda seguir adelante, porque tenemos que defender los intereses de los trabajadores”, añadió.

Este pasado viernes, el PSOE se mostró partidario de recurrir la sentencia, mostrando además su convencimiento de que existen argumentos jurídicos para defender las bases del procedimiento.

Al mismo tiempo, abogó por solicitar una prórroga al Ministerio de Función Pública que permitiera retrasar la culminación de este procedimiento, que teóricamente debe finalizar el próximo 31 de diciembre, y siempre a la espera de que el TSJA emita una sentencia firme.

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