En plena pandemia, Antonio Huesca tuvo que hacerse cargo de dos casas, su hogar, donde vive con su mujer, y la que fuera la vivienda de la pareja durante 20 años en Algeciras, que alquiló en diciembre de 2019. Solo cuatro meses después, “en abril, el inquilino dejó de pagar”, relata. Se largó a Marruecos en pleno estado de alarma, aunque el inmueble siempre estaba ocupado. “Cuando respondía al teléfono, lo hacía con evasivas, prometiendo en innumerables ocasiones que saldaría la deuda, que se acumulaba cada mes, pero incumpliendo su palabra una y otra vez”. Antonio Huesca perdió 4.000 euros, que ahora sí reclamará judicialmente, y la paciencia. Era la segunda mala experiencia con arrendatarios. En 2018, tardó nueve meses en desalojar el piso también por impago. “Denuncié pero me sentí desamparado”, admite. En esta nueva ocasión recurrió a los servicios de CerOkupas, una empresa especializada en desalojos creada hace cuatro años por personal de seguridad del ocio nocturno. Funcionó. El problema se solucionó en apenas unas horas. “No podía creérmelo”. Inmediatamente cambió la cerradura e instaló una alarma.
El algecireño Gabriel Molina, gerente de la firma, indica que la clave está en la negociación. En el caso de inquilinos precarios, “ofrecemos la opción de que el propietario retire la deuda o se planteen otras fórmulas para que el ocupante pueda emprender una nueva vida”, explica. “Todo okupa no es malo por definición”, aclara. Sí, hay auténticos expertos en el fraude, que abonan la fianza, la primera mensualidad y nada más. Auténticas mafias que ponen precio a su salida de la vivienda. Pero también hay mucha gente a la que les vienen mal dadas. “Hemos pasado de tener cuatro trabajos al mes a unos siete u ocho a la semana”, asegura, a raíz de la crisis económica desatada por la pandemia.
Contra la okupación pura y dura, el procedimiento es distinto. “También apostamos por el diálogo y la búsqueda de una alternativa habitacional, pero, si no se atienden a razones, optamos por el servicio de vigilancia en la puerta”. De esta manera, cualquier persona que salga no puede volver a entrar. “Todo legal y rápido”, añade. El trabajo no está exento de riesgo. “Nunca sabemos qué nos vamos a encontrar detrás de la puerta”. En Coria, por ejemplo, la casa, donde vivía una menor, estaba llena de jeringuillas y alcohol. En el Campo de Gibraltar es frecuente que la vivienda okupada se convierta en guardería de droga. En más de una ocasión han intentado agredirle, “habitualmente mujeres”, y hasta ha recibido amenazas por teléfono. Pero “es mi trabajo, me gusta la adrenalina”, admite. Y que se haga justicia. Los propietarios también lo pasan mal y tienen sus necesidades. “Somos unos profesionales que buscamos soluciones”, añade. En las intervenciones en las que hay niños por medio, actúan con especial sensibilidad. “No somos unos matones, esto no tiene nada que ver con ideologías ni nada de eso”, concluye.
Cádiz es la segunda provincia andaluza con más denuncias
La ocupación es un fenómeno especialmente preocupante en Cádiz, es la segunda provincia de Andalucía con un mayor número de denuncias, con 313, después de Sevilla, con 677. Esta semana, después de que el Congreso convalidara el real decreto ley de protección de los consumidores vulnerables, que incluye una disposición que amplía la suspensión de desahucios para personas sin alternativa habitacional, el PP presentó una iniciativa anti okupación. La propuesta de la formación, finalmente rechazada con los votos de PSOE, Unidas Podemos e independentistas, que incluía repescar penas de cárcel, veto al empadronamiento y protección a los vecinos.
