La Fiscalía de Granada ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia interpuesta por unos vecinos de Caniles (Granada) por supuestas irregularidades relativas la concesión de licencias de obras para la construcción de unas viviendas en el barrio de San Sebastián del municipio sin las infraestructuras de urbanización, acerado o alcantarillado durante el periodo en el que era alcalde el socialista Antonio Martínez Caler, expresidente de la Diputación de Granada, o la también exregidora Isabel Mesas, actual vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios de Baza.
Para el Ministerio Público, los hechos denunciados por los vecinos "podrían tener trascendencia penal" por lo que, a su entender, "resulta necesaria" la práctica de diligencias que permitan un mejor esclarecimiento de los mismos.
Por ello, en un decreto de fecha 7 de febrero de 2013, al que ha tenido acceso Europa Press, pide al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que realice una inspección ocular del lugar objeto de la denuncia "a efectos de determinar las construcciones y edificaciones existentes averiguando, de ser posible, el estado de las obras de urbanización al tiempo de concederse las licencias de obras y de primera ocupación".
Además, solicita que se tome declaración al arquitecto municipal "y demás personas" que el Seprona estime pertinentes "para el esclarecimiento" de los hechos.
Los denunciantes enmarcan las regularidades entre el año 1995, cuando comienza la construcción de las viviendas, y 1999, cuando se empiezan a conceder las licencias de obras de estos inmuebles en el barrio de San Sebastián del municipio, en unos terrenos que inicialmente eran rústicos de secano (y desde 2004 "terrenos urbanizables no consolidados"), en el cauce de un arroyo, y con informes contrarios del arquitecto municipal, ya que no estaban finalizados los trabajos de urbanización, pese a que Martínez Caler, "prometió" justo antes de las elecciones que construiría en la zona un vial, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Además, los vecinos alertan de que las obras conllevaron la desviación del "curso natural del agua" de un barranco, con lo que sufren inundaciones continuas, ya que además no se ha habilitado un sistema de alcantarillado que lo evite. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en un escrito de fecha 14 de febrero de 2012, ya constata que el barranco es un "cauce de aguas fluviales", y advierte de que es competencia del Ayuntamiento el establecimiento de una red de alcantarillado.
Según han informado a Europa Press fuentes del caso, el pasado 27 de febrero agentes de la Guardia Civil se personaron en el Ayuntamiento de Caniles para retirar expedientes administrativos y urbanísticos relacionados con este asunto.
