La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha hecho balance del primer año desde la puesta en funcionamiento de la Línea de Alta Capacidad (LAC) de transporte urbano, una época en la que "se han estrangulado las cuentas del Ayuntamiento y se ha aumentado la emisión de CO2" razones por la que la socialista ha pedido la "convocatoria inmediata de una comisión de Movilidad para controlar el gasto de la LAC a las arcas municipales".
Ruz ha destacado que, desde que se abriera el plazo de alegaciones al Plan de Movilidad, el PSOE ha ido advirtiendo que "se estaba desarrollando todo sin consenso vecinal y sin un estudio económico riguroso" unas afirmaciones que "se han descubierto con el tiempo" con un sistema que "ha levantado a los vecinos" que han visto "como se colocaban auténticas estaciones en las puertas de sus casas" o han sufrido la situación de tener que hacer "innumerables transbordos" para poder moverse por la ciudad.
Por ello, la edil del PSOE ha exigido "la convocatoria inmediata de la comisión de Movilidad" con la intención de que "se empiecen a tomar medidas reales y efectivas" ante la situación de unos ciudadanos "perjudicados por un Plan de Movilidad que ha empeorado la calidad de vida de la gente".
"Desde que el alcalde tomara posesión el pasado 13 de junio, en esta ciudad no ha pasado nada salvo el despido a los trabajadores de TG7", ha apuntado Ruz quien ha explicado que los "principales problemas" que ha generado el nuevo sistema de transporte público de Granada a lo largo de este año pasan por "un empeoramiento en el servicio prestado respecto al modelo anterior que ha provocado un descenso en picado del número de usuarios".
En este sentido, según datos de la socialista, la vuelta al uso de los vehículos particulares "ha tenido un doble efecto muy negativo" ya que ha supuesto "peor tráfico y alrededor de 800.000 kilogramos más de CO2 a la atmósfera" así como el aislamiento de los barrios respecto al centro de la ciudad aunque "el peor aspecto es el económico" con "improvisaciones continuas del alcalde en todo este asunto que han provocado un incremento anual en 800.000 kilómetros recorridos respecto a lo previsto en el acuerdo entre la empresa concesionaria y el Ayuntamiento" algo que supone que "el Consistorio tenga que pagar y que deja a la empresa y a su plantilla en una situación muy complicada".
Ruz que destacado su "preocupación" por la situación de los trabajadores que, "por culpa de tanta improvisación y tanta chapuza, viven en un clima complicado e incierto" ya que, además, existe "un desfase de cinco millones de euros heredado del año 2014, al que habrá que sumar el ocasionado en el 2015, donde con un descenso de 10.000 viajes al día, se puede hablar de una posible quiebra del sistema".
