El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha garantizado este martes que no está "inmerso en ninguna causa de corrupción" y que la investigación judicial por la que ha sido citado a declarar como investigado se basa en una cuestión "meramente administrativa", por lo que no cree que "esté en riesgo la estabilidad del gobierno" de la ciudad.
Cuenca ha comparecido en rueda de prensa tras conocerse que tendrá que declarar el 12 de diciembre ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla por sus actuaciones como delegado de Economía e Innovación de la Junta en Granada en los años 2010 y 2011, dentro de la investigación abierta sobre la adjudicación por parte de la Junta de contratos privados a particulares para que inspeccionaran cursos de formación en Economía Social.
El regidor ha subrayado que esto "no tiene nada que ver con los cursos de formación" ni está "vinculado a nada raro", por lo que ha mostrado "su total tranquilidad" y "disposición" a dar explicaciones en pleno o donde los grupos lo consideren oportuno porque "no hay nada que esconder".
Así, ha confiado en que "nadie haga de esto un juego partidista" que pueda provocar la entrada en el gobierno de una formación "manchada por la corrupción pura y dura", ha dicho en relación al PP, que salió del equipo de gobierno a raíz de que el anterior alcalde, José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, fueran detenidos en el marco de la 'Operación Nazarí' sobre una supuesta trama de corrupción urbanística en la ciudad.
Cuenca ha hecho hincapié en que "lo que está en cuestión es una duda de carácter administrativo", puesto que lo denunciado por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) es que "unas determinadas cuestiones", como la inspección de los cursos de formación en Economía Social, "se tenían que haber hecho con funcionarios en vez de con consultoras externas".
DIRECTRIZ GENERAL
Ha recordado que la cuestión afecta a todas las delegaciones del ramo y ha precisado que lo único que se hizo fue "dar trámite" a una directriz o procedimiento general de la Consejería que "por supuesto entendemos que está en el marco de la legalidad".
Por ello, ha considerado "poco riguroso" por parte de otras formaciones políticas que se pueda "jugar a mezclar" este asunto con la corrupción y cree que "sería difícil de explicar que se ponga en tela de juicio la estabilidad del gobierno de la ciudad".
"Lo que avala el apoyo del resto de formaciones que nos dieron su confianza es que hay una gestión distinta a la del mandato anterior" con "un trabajo de consenso y de máxima información", ha dicho Cuenca, entre cuyos avances ha mencionado la rehabilitación del barrio de Santa Adela o el desbloqueo de las obras del AVE que se suma a la constitución de la comisión de seguimiento de las obras en el tramo de Loja.
De hecho, ha dicho sentir "tristeza" con que se esté "hablando de este asunto" y no de estos y otros temas que "están cambiando la ciudad".
Pese a todo, Cuenca ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad a los granadinos", garantizado que "tiene un alcalde honesto y que no está inmerso en una causa de corrupción".
La causa se inició a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que solicitó al juez investigar unos hechos en los que se podrían haber incurrido en los posibles delitos de usurpación de funciones publicas, prevaricación y malversación.
En esta investigación se está analizando las contrataciones a particulares que se hicieron desde la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía para realizar trabajos, "atribuyendo funciones y potestades que solo pueden realizar funcionarios públicos", según ha indicado el TSJA.
Además, "se están estudiando las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales (como es el contrato menor que puede ser de adjudicación directa) alterando el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia", explica el Alto Tribunal Andaluz.
Las otras nueve personas investigadas, también altos cargos en su día de la Consejería de Economía en las ocho provincias andaluzas, han sido citadas a declarar durante los próximos meses de noviembre y diciembre.
