La que fuera directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, se ha manifestado "totalmente tranquila" este miércoles antes de entrar al Juzgado para comparecer como investigada en el llamado 'caso de las audioguías' y ha garantizado que está "deseando declarar después de dos años" sin poder hacerlo desde que fuera detenida por esta causa.
La exresponsable del monumento nazarí ha entrado al edificio judicial de La Caleta sobre las 9,50 horas acompañada de su abogado y a preguntas de los periodistas se ha limitado a precisar que hablará tras su comparecencia y ha destacado su deseo de dar explicaciones en el marco de la ronda de declaraciones abierta desde el pasado abril en esta causa por parte del Juzgado de Instrucción 4 de Granada.
Villafranca, que dimitió como directora de la Alhambra a raíz de este caso, declarará tras las comparecencias judiciales de la que fuera secretaria general del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Victoria Chamorro; y del exjefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato de la Alhambra, José María Visedo, los cuales defendieron ante el juez la legalidad de su gestión.
Esta fase de declaraciones por las supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías de la Alhambra se produce después de que el Juzgado de Instrucción 4 de Granada haya acordado en un nuevo auto la incoación de nuevas diligencias previas para investigar todo lo relativo a la ampliación de la querella que dio lugar a este procedimiento.
Fue el pasado junio cuando, a tenor de la investigación del Grupo de Delitos Económicos, este Juzgado amplió el objeto de la investigación incluyendo a nuevos investigados y ampliando los delitos que pudieran haberse cometido en distintas contrataciones del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Veía el juez indicios de delitos de falsedad documental, fraude en la contratación, tráfico de influencias y cohecho, todo ello, formando organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal.
Esos delitos se sumaban a los que ya se estaban investigando de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, en el marco de una causa que sumó entonces diez investigados más y amplió el objeto de la investigación a siete nuevas empresas que mantuvieron relaciones contractuales o comerciales con el Patronato de la Alhambra y el Generalife.
No obstante, el juez sostuvo en este último auto que la relación de empresas, personas y hechos sobre los que se amplía la querella inicial que presentó la Fiscalía en julio de 2015 "no guardan una conexión temporal, espacial o teleológica" con el caso que fue origen del procedimiento y ha optado por incoar nuevas diligencias previas, sin que esto suponga la creación de una pieza separada.
Argumentaba así que "la instrucción separada de los dos procesos es perfectamente válida y posible, sin que el esclarecimiento de lo actuado en una contribuya al de la otra, es más sólo aportaría dilaciones innecesarias". Por todo ello, acordó el desglose de todo lo relativo a la ampliación de la querella formulada en su momento por la Fiscalía en este caso y abrió nuevas diligencias previas para investigarlo, citando a los investigados en la causa.
