La Cámara de Cuentas de Andalucía sostiene que los cambios que se aprobaron a finales de 2014 en el organigrama de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, "podrían no obedecer a una mejor gestión empresarial" sino a evitar la reducción de retribuciones del personal directivo con el "consecuente menoscabo de los fondos públicos", en lo que aprecia una "vulneración" de la normativa aplicable.
Así se desprende del trabajo de fiscalización que la Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado sobre las cuentas anuales consolidadas de 2015 de Cetursa Sierra Nevada y del informe realizado por parte de este organismo al respecto, consultado por Europa Press.
En el documento se expone que durante aproximadamente dos años no se cumplió la nueva norma que desde 2012 reducía las retribuciones de la alta dirección y no fue hasta 2014 cuando se dio la orden de adecuar la nómina de los directivos a la normativa.
La modificación del organigrama aprobado por la alta dirección consistió en reconvertir las subdirecciones y direcciones en "áreas", siendo cesados sus titulares como directores y nombrados jefes de servicio, con efectos de 31 de diciembre de 2014.
La Cámara de Cuentas alude a la posibilidad de que este paso "obedeciera a la necesidad de salvar" lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gobierno y en la Ley 3/2012 "evitando así la reducción de retribuciones del personal directivo, con el consecuente menoscabo de los fondos públicos", en lo que ve indicios de posible responsabilidad contable administrativa al haberse ordenado pagos con infracción de lo dispuesto en las Leyes de Presupuestos (ejercicios 2013, 2014 y 2015) y en la Ley de Hacienda Pública de Andalucía.
En el informe se pone de manifiesto que "no consta" el acuerdo del consejo de administración que autorice el cambio de estructura directiva y que la modificación de la estructura empresarial y, como consecuencia, la adhesión al convenio colectivo sectorial de los responsables de área, tampoco "han sido autorizados por el titular de la Consejería de adscripción ni cuentan con el preceptivo informe favorable de la Consejería de Hacienda".
El órgano fiscalizador agrega que la contratación de personal tras la entrada en vigor de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía "no ha ido precedida de convocatoria pública en medios oficiales ni de los procesos selectivos correspondientes que garanticen los principios constitucionales de igualdad, transparencia e imparcialidad, así como, los de mérito y capacidad".
Se alude en el informe al caso de un trabajador al que se le ha reconocido, conforme al convenio colectivo de remontes, la antigüedad devengada como funcionario de la Junta de Andalucía, lo que ha supuesto la consolidación del complemento por importes "muy por encima de los previstos" en la Ley de Presupuestos sin contar con los informes preceptivos de la Consejería de adscripción y de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
A ello suma que las cinco direcciones jefaturas de servicio y un total de 51 trabajadores tienen reconocidos en sus nóminas "incentivos, complementos o gratificaciones extraordinarias" no recogidos en los convenios colectivos aplicables.
Para una mejora en la gestión de las actividades realizadas por Cetursa y sus sociedades dependientes, la Cámara de Cuentas considera necesario la elaboración y aprobación de un manual de procedimientos y definición de funciones de los distintos puestos de trabajo, entre otras recomendaciones.
