El Partido Popular de Rota pone de manifiesto la situación del retraso de pagos a proveedores del Ayuntamiento e informa de que el Gobierno de España, concretamente a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobó un acuerdo para poner en marcha un nuevo plan de pago a proveedores que obliga al Consistorio Municipal a incluirse en dicho acuerdo ante sus "incumplimientos económicos".
El Acuerdo establece la posibilidad de financiar las obligaciones pendientes de pago de las entidades locales con sus proveedores, de acuerdo con un doble régimen, según se inicie el procedimiento a instancia de dichas entidades (régimen voluntario) o de oficio por el Ministerio de Hacienda (régimen obligatorio). Rota se encuentra en el régimen obligatorio debido al incumplimiento reiterado en el plazo máximo de pago a proveedores fijado en la normativa que establece 30 dias días máximo, mientras que el Ayuntamiento alcanza los cerca de 150 dias.
Los populares se hacen eco de esta situación para recordar que "están obligadas a remitir información de las obligaciones pendientes de pago a proveedores y Rota se encuentra con la obligación de comunicar una cantidad máxima de 6.139.213,36€ de facturas a proveedores que tiene sin pagar". La formación celeste incide en que "Rota es el sexto municipio andaluz con la cantidad a comunicar más alta y si se considera la proporción de las obligaciones de pago pendientes a comunicar respecto al tamaño de población, sería el primer municipio andaluz".
Los plazos en pagos a proveedores, ubicado en 143,32 días, es uno de los puntos de mayor preocupación para el principal grupo municipal de oposición puesto que han manifestado que "en el informe de morosidad del segundo trimestre de 2024 se puede ver como el periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento, excluyendo a Modus y C.E.E. Torre de la Merced, sube hasta los 168,98 días en los pagos realizados en el trimestre y acumulando las facturas de los proveedores no pagas un retraso medio de 199,41 días".
La participación en este plan de pagos lleva unida la obligación de presentar un plan de ajustes o modificar el vigente (como es el caso de Rota) incluyendo nuevas medidas. Esta modificación del plan de ajustes se deberá llevar a Pleno para su aprobación y su comunicación al Ministerio de Hacienda será entre el 15 y el 25 de octubre. En el caso de no presentar el plan de ajuste, o que no se valore favorablemente, o que no aprueben la formalización del préstamo para el pago a proveedores, se aplicarán retenciones de la participación en tributos del Estado que le corresponden a Rota.
Actualmente, el plan de ajustes aprobado en marzo de 2023 fue modificado para poder acceder al plan de pagos a proveedores por más de 9 millones de euros, y tiene una duración hasta el año 2035. y se tendrá que aumentar hasta el año 2039. El pago del préstamo y sus intereses comenzará en 2025, al no tener periodo de carencia en este caso. Un hecho que desde el Partido Popular consideran que "supone hipotecar al municipio con un préstamos de más de 15 millones de euros durante los próximos 15 años".
"¿Cuánto le va a costar a los roteños su mala gestión económica?" es la pregunta que con más fuerza resuena en el seno del Partido Popular de Rota, sentenciando que "el Gobierno socialista de Javier Ruiz está hipotecando el futuro de la ciudad para los próximos 15 años". Tras dos planes de pagos a proveedores, uno en 2022 por 5 millones de euros y otro en 2023 por 9 millones de euros, ahora en 2024, Javier Ruiz Arana es obligado por el Ministerio de Hacienda a participar en otro nuevo plan por 6 millones de euros.
"Esta situación económica del Ayuntamiento es la que ha llevado a Javier Ruiz a tener que subir el IBI un 13% y una segunda subida de un 10% a un 10% de los contribuyentes no residenciales, un 5% el impuesto a los vehículos, un 26% la basura, las plusvalías a tipos máximos, las licencias de obras, el alcantarillado, un 46% en dos subidas en 2024 de la tarifa del agua..." insisten los populares tras el reciente comunicado denunciando una nueva subida de impuestos. Además, los populares consideran que "la falta de liquidez del Ayuntamiento es la que ha llevado a Javier Ruiz a tener que aceptar el convenio de recaudación con Diputación, al que tanto se negó en años anteriores, y que costará a los roteños 1,3 millones de euros para conseguir que el esfuerzo financiero de Diputación dote de liquidez a las arcas municipales".
