Los responsables, los trabajadores y los familiares de los pacientes de la Residencia de Enfermos de Alzheimer Dolores Castañeda han salido a la calle en señal de protesta por el impago de la Junta de Andalucía que amenaza con asfixiar la actividad de este tipo de equipamientos que cumplen funciones que deberían cumplir las propias administraciones e incluso han llegado a cortar el tráfico en señal de protestas.
La protesta se suma a la de muchos sectores, pero en este caso se está viendo venir desde muchos frentes a la vez, por cuando tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía están anunciando políticas que suponen una condena de muerte para este tipo de centros.
En el caso del centro isleño, referencia en Andalucía, la deuda que mantiene la Junta de Andalucía asciende de 720.000 euros, un dinero que la presidenta del centro, María Pepa Rodríguez Castañeda, anunció que van a exigir por todos los medios, así como la continuidad de las ayudas para atender a unos enfermos “que no pueden hablar ni protestas, pero de los que nosotros somos sus bocas para pedir lo que les corresponde”.
La Administración Autonómica adeuda distintos programas en toda la provincia por un montante de 1.467.052,46 euros, lo que está convirtiendo la situación en insostenible. Entre otras cosas, estas residencias se han visto forzadas a disminuir sus servicios, a rescindir los contratos de muchos de sus trabajadores e incluso a aplicar ERE de forma temporal con el fantasma del cierre siempre presente.
