Sólo tres viviendas han sido cedidas por los bancos de San Fernando para que entren a formar parte del nuevo fondo social de pisos que ha puesto en marcha el Ayuntamiento isleño, quien en el último Pleno municipal de este mismo mes de abril aprobó adherirse al convenio firmado por el Gobierno de España con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), el Banco de España y todas las entidades del sector bancario.
Viviendas que tienen como destino a aquellas familias que, debido a problemas económicos, se han visto obligadas a tener que desalojar sus casas. La fórmula es la de poner a disposición de estas personas, en su mayorías afectadas por la ejecución hipotecaria, un alquiler social siempre que cumplan con una serie de requisitos.
Se trata de un contrato que tiene una duración de dos años, con posibilidad de que se prorrogue hasta un tercero. El precio del alquiler de los pisos oscila entre los 150 euros de mínimo y los 400 de máximo, estableciéndose un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos netos totales que percibe la unidad familiar.
Dejarlas igual que estaban
Además, otro de los requisitos que tienen cumplir las familias que accedan a una de estas escasas tres viviendas es que tienen que comprometerse a entregarlas en las mismas condiciones en las que las percibieron a la hora de adquirirlas.
La labor del Ayuntamiento de San Fernando en todo este procedimiento se ciñe básicamente a prestar colaboración informando y asesorando a los que soliciten las viviendas sobre los requisitos establecidos; las condiciones que tienen que cumplir cuando contraten el producto y las tramitaciones que tienen que llevar a cabo; emitir informes de valoración de las circunstancias personales de los solicitantes; evaluar las solicitudes que lleguen; y difundir entre la ciudadanía el contenido de dicho convenio.
La poca o escasa efectividad que dicha medida ha tenido a tenor de la respuesta de las entidades bancarias -con sólo esos tres pisos-, se ha visto además agravada por el hecho de que el Ayuntamiento de San Fernando como tal no puede cubrir dicha demanda social con su actual parque de viviendas.
Ni que decir tiene que Esisa (Empresa Municipal de Suelo), en crisis y con un ERTE desde el pasado mes de diciembre sobre sus trabajadores, lleva años sin mover un ladrillo por las actuales condiciones del mercado inmobiliario, e incluso tiene a más de 3.000 demandantes en lista de espera para acceder a una Vivienda de Protección Oficial que, por el momento, ni llegan ni se le vislumbran en un futuro próximo.
