Los trabajadores de Navantia ven con preocupación que España pudiera sumarse a la decisión de Alemania de suspender la venta de armas a Arabia Saudí en tanto se esclarece la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de este país en Estambul.
“No estamos exentos de otro sobresalto”, señalaba ayer Jesús Peralta, presidente del comité de empresa del astillero de Navantia en San Fernando, donde está previsto empezar el próximo mes de enero la construcción de las cinco corbetas que Arabia Saudí ha encargado a los astilleros españoles, un contrato cifrado en 1.800 millones de euros y que, según las estimaciones, supondría crear 6.000 empleos directos e indirectos.
Peralta entiende que el Gobierno español “tiene claro” que este contrato debe “seguir adelante”, sobre todo desde el pasado mes de septiembre, cuando la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la venta de bombas de precisión a Arabia Saudí hizo temer que el reino del desierto suspendiera este encargo y los trabajadores salieron a la calle a defenderlo
Los trabajadores del astillero de Navantia explican que Alemania “no es el principal exportador de armas a Arabia Saudí”, pero, dado su peso político en Europa, puede hacer que su decisión de suspender la venta de armas a ese país árabe influya a otros países, como España.
“Digo lo mismo que dijimos entonces: si en algún momento el contrato peligra, los trabajadores responderán de inmediato, hay en juego muchos puestos de trabajo para la Bahía de Cádiz”, subraya el presidente del comité de empresa.
Los trabajadores de Navantia están “recelosos de lo que pueda ocurrir”.
“Entendemos que las violaciones de los derechos humanos no le gustan a nadie, pero nosotros vendemos barcos militares desde hace 300 años, es nuestro pan, lo que nos da de comer”, añade.
Más allá de la desgracia” del supuesto asesinato del periodista saudí, los trabajadores de Navantia creen que la suspensión de la venta de armas sólo podría hacerse con “un gran pacto a nivel europeo” que afectara a “todos los países que no respetaran los derechos humanos”.
Y eso, después de que el Gobierno español “pusiera encima de la mesa carga de trabajo” para estos astilleros, el principal motor de empleo de Cádiz, la provincia española con mayor tasa de desempleo.
Ministro Borrell
El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, no ha valorado este lunes la petición alemana de que los países de la UE dejen de vender armamento a Arabia Saudí mientras no se aclare la muerte del periodista Yamal Jashogi, y se ha remitido a la comparecencia que tiene prevista el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo miércoles en el Congreso.
"El miércoles el presidente del Gobierno intervendrá sobre este tema en la Cámara", ha dicho Borrell a los periodistas tras asistir al acto 'Somos Iberoamérica: legislando por el empoderamiento de las mujeres' en la sede de su Ministerio.
El ministro solo ha avanzado que el Ejecutivo está "en contacto" con Alemania. El Gobierno de Angela Merkel anunció el domingo que no venderá armamento a Arabia Saudí mientras se mantenga la incertidumbre sobre la muerte del periodista saudí crítico con el régimen y este lunes el ministro de Economía, Peter Altmaier, ha pedido a los socios europeos que hagan lo mismo.
Cuando Sánchez hable el miércoles, el Gobierno tendrá ya sobre la mesa la información que facilitará el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que ha avanzado que el martes revelará la verdad "al completo".
Borrell también ha subrayado que el Gobierno ya emitió el sábado un comunicado "rotundo y claro" sobre el tema, de manera que ahora "toca esperar" a la comparecencia de Sánchez en el Congreso y el debate con los grupos parlamentarios.
En ese comunicado, emitido un día antes de que Reino Unido, Francia y Alemania difundiesen uno de manera conjunta, el Gobierno español se declaraba "consternado por las informaciones preliminares de la fiscalía saudí sobre la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi en el Consulado del Reino de Arabia Saudí en Estambul".
Además de expresar el pésame a sus allegados, el Gobierno se sumó al llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que "los responsables de estos gravísimos hechos respondan ante la justicia tras una investigación exhaustiva y transparente".
La venta de armamento a Arabia Saudí se ha convertido en un asunto delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, primero a la luz de la guerra en Yemen y ahora tras la muerte del periodista Yamal Jashogi, desaparecido desde que entró el 2 de octubre en el Consulado saudí en Estambul y sobre cuya más que probable muerte se han sucedido distintas filtraciones en Turquía y distintas explicaciones saudíes.
En España, a raíz de un bombardeo en el que murieron decenas de personas en Yemen, incluidos varios niños, el Gobierno anunció en agosto que revisaría las condiciones de venta de armamento a países de Oriente Próximo para garantizar que se cumplen las condiciones de la venta, especialmente el compromiso de no utilizarlas en terceros países.
Pocas semanas después, el Ministerio de Defensa confirmó una información según la cual se suspendía un contrato de venta de 400 bombas láser del Ejército de Tierra, valorado en 9,2 millones de euros. Sin embargo, pocos días después del Gobierno dio marcha atrás por temor a que Arabia Saudí suspendiese el contrato multimillonario (1.800 millones de euros) para la construcción de cinco corbetas en los astilleros gaditanos de Navantia.
El Gobierno alegó entonces que no había encontrado ninguna irregularidad que le permitiese suspender el contrato de venta de las bombas y que tenía que cumplir el contrato firmado por un Gobierno anterior. También afirmó que se trataba de material "de precisión" que no debería causar víctimas colaterales.
