El informe de la comisión liquidadora de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (MMBG) ha cifrado la deuda del ente en 51,7 millones de euros que tendrán que ser asumidos, en partes proporcionales, por los once municipios de las provincias de Cádiz y Sevilla que pertenecían a la entidad.
Así, en el caso de Sanlúcar de Barrameda, la deuda ascendería a 14,3 millones de euros, de los cuales 13 millones corresponderían a la participación del municipio, que cuenta con un 27,4% del total en base a la población, y, los otros 1,3 millones, a cuotas y trabajos impagados.
LIQUIDACIÓN 'INDIVIDUAL'
Sin embargo, Sanlúcar no estaría dispuesta a asumir esta liquidación que fue comunicada la semana pasada por la comisión liquidadora a los interventores y secretarios de los municipios mancomunados y que se habría hecho sumando las facturas pendientes, sin desglosar a qué o a quienes competen cada una de estas deudas.
El reparto de esa deuda general, realizado únicamente en base a la cuota de participación de cada Ayuntamiento miembro, no convence al equipo de Gobierno del Ayuntamiento sanluqueño, formado por PSOE y CIS, que ha recurrido a la Junta de Andalucía en busca de criterios legales que avalen una liquidación realizada en base a los estatutos que regulan la Mancomunidad no sólo por la cuota de cada municipio sino por la participación de estos en los programas y trabajos llevados a cabo desde la entidad.
El informe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía se decantaría por la misma línea, es decir, que cada Ayuntamiento miembro asuma el porcentaje de deuda general que le corresponda por los gastos generales de la Mancomunidad pero, que cada uno de los programas y actuaciones llevadas a cabo se ‘endosen’ a aquellos municipios que se hubieran visto beneficiados por estos y no, de forma global, como se habría hecho en este informe de liquidación recientemente dado a conocer.
La participación de los Ayuntamientos en la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir está establecida en los estatutos de la entidad, en concreto, en el artículo 31, que recoge la distribución porcentual de las aportaciones en base a criterios de población. Sin embargo, los estatutos también recogen la necesidad de convenir, de manera individual, aquellos servicios u obras de las que se beneficiaran cada ayuntamiento en concreto. De ahí que el Ayuntamiento de Sanlúcar abogue por la realización de una liquidación en la que se separen los gastos generales del funcionamiento de la entidad, de los de los diferentes programas que se hayan acometido durante su vigencia y que, en cualquier caso, no habrían ‘beneficiado’ a todos los municipios por igual.
Así, en base a este informe, el Ayuntamiento de Sanlúcar se plantearía incluso otras opciones para reclamar una liquidación “justa” sobre la millonaria deuda acumulada por la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir en sus 25 años de existencia.
En consonancia con el argumento del Consistorio sanluqueño se ha posicionado el Partido Andalucista de Utrera (Sevilla) que ha rechazado explícitamente el reparto entre los municipios que componen este organismo en función del número de habitantes. En su caso, la deuda asignada asciende a seis millones de euros, mientras que la ‘cuantificada’ por el municipio no sobrepasa los 260.000 euros. Desde el PA han criticado duramente la gestión de los gobiernos socialistas al frente de la entidad mancomunada si bien abogan por “mirar hacia adelante y afrontar de manera razonable la liquidación de la Mancomunidad para que tanto sus trabajadores como proveedores puedan cobrar lo que la institución les adeuda”.
El asunto llegará a a manos de la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández, de cara a la próxima reunión de la comisión liquidadora del ente, señalada para este lunes, en la que se espera que se debatan estos criterios.
MÁS DEUDA
La liquidación de la entidad podría poner en una complicada situación al Consistorio sanluqueño, que ya adolece de una maltrecha economía. Además, a esa cantidad de 14,3 millones de euros que la comisión liquidadora ha señalado, en principio, que le correspondería pagar a Sanlúcar, habría que añadir la deuda que la Mancomunidad mantiene con la Seguridad Social y que, tras haberse desglosado por municipios también en base al criterio de la participación en la entidad según población, supone otros 1,5 millones de euros que ya le han sido reclamados al Ayuntamiento sanluqueño.
No obstante, el Consistorio, de momento, está evitando hacer frente a esta deuda, mediante la presentación en noviembre del año pasado de un recurso ante la Tesorería General de la Seguridad Social argumentando que, hasta que no se liquidaran las cuentas de la Mancomunidad, no se abordaran las cargas que pudieran corresponder a cada uno de los municipios miembros.
Sobre la ‘irregular’ gestión de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir ya alertó en 2008 un informe de la Cámara de Cuentas, en el que se recogían irregularidades contables, programas y subvenciones sin justificar y otros asuntos que derivaron, años más tarde, en el ‘colapso’ de la entidad, con más de 500 trabajadores despedidos y pendientes también de poder cobrar su correspondiente indemnización.
