Sacyr fue una de las grandes constructoras que se aventuró a crear un área de negocio centrado en los servicios sociales. De hecho, fue adjudicataria de uno de los cuatro lotes en los que el Ayuntamiento de Sevilla ofertó la prestación de la ayuda a domicilio en la ciudad. Sin embargo, la necesidad de hacer caja llevó a la compañía a desprenderse de su filial Sacyrs Social, no sin antes acumular severas críticas de los usuarios, un camino que también escoge ahora ACS y en medio de una crisis del servicio que ha llevado al Consistorio a plantearse la posibilidad de municipalizar la ayuda a domicilio.
A principios de 2023 se fueron adjudicando los cuatro lotes en los que el Ayuntamiento de Sevilla dividió la prestación del servicio de ayuda a domicilio en la ciudad y Sacyr Social fue la adjudicataria de uno de ellos, en concreto el de la zona Este de la ciudad. Desde el primer momento, la entrada de la constructora recibió fuertes críticas, tanto en el ámbito laboral como en el de la propia prestación de servicios.
En el blog de Manuel J. Florencio, en un artículo en el que se informaba de la adjudicación, se pueden comprobar las críticas que hasta hace dos días han dejado los trabajadores y los usuarios. Incumplimientos en la subrogación de la anterior plantilla; ausencia de contacto con los familiares de los dependientes; imposibilidad de gestionar las incidencias; cambios de horarios y auxiliares sin información previa; falta de profesionalidad de algunos trabajadores; coordinadores que no atienden; faltas de respeto; costes añadidos ante un servicio deficiente…
En julio de 2023 se concretó la venta de la filial de servicios Sacyr Social a Serveo, una sociedad controlada por la gestora de fondos española Portobello, por 87 millones de euros y la compañía heredó un servicio a todas luces deficiente y al que se le ha acumulado una crítica generalizada a la propia externalización del servicio de ayuda a domicilio, con condiciones laborales pésimas para las plantillas y además diferentes en cada una de las adjudicatarias, a lo que hay que sumar el propio cambio en la titularidad del prestatario del servicio.
Sacyr fue pionera a la hora de abandonar los servicios sociales que tanto quebradero de cabeza dan y, ante la necesidad de hacer caja, vender pasivos y mejorar ratios de solvencia, se ha unido ahora la constructora ACS, que pretende desprenderse de su filial Clece, adjudicataria de otro de los lotes, y que según medios especializados podría reportar entre 700 y 800 millones a la empresa de Florentino Pérez. Lo curioso es que suena entre los posibles compradores el fondo Portobello, propietario a su vez de Serveo. Las otras dos concesionarias son DomusVI, con una amplia cartera de residencia de ancianos, y Macrosad, la cooperativa de servicios asistenciales.
La crisis que está sufriendo el servicio de ayuda a domicilio en la ciudad, cuyas trabajadoras han protagonizado una larga acampada ante las puertas del Consistorio en la Plaza Nueva, han llevado incluso al alcalde de Sevilla José Luis Sanz, a reunirse con los representantes sindicales y con ellas mismas, con las que se ha comprometido a promover un grupo de trabajo con todos los servicios municipales competentes para elaborar un informe y analizar la posible viabilidad de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio; prometiendo además “reforzar los mecanismos de control para que las empresas adjudicatarias del servicio de ayuda a domicilio cumplan las condiciones establecidas en los contratos”, que están en vigor hasta el año 2027.
Tanto los sindicatos como la plantilla de las diferentes empresas, mayoritariamente mujeres, llevan meses denunciando que las empresas adjudicatarias de la prestación de este servicio público “anteponen sus millonarios ingresos a las necesidades de usuarios y cuidadores”; aplicando unas condiciones laborales “precarias”, entre otras quejas. De hecho, el martes, coincidiendo con el último Pleno ordinario, hubo otra manifestación reclamando la municipalización del servicio.
En esa protesta estuvo presente el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, que considera que la privatización de la ayuda a domicilio “ahonda en la precariedad de las trabajadoras”, reclamando una gestión pública de un servicio que, en la actualidad, prestan empresas privadas “que consiguen beneficios a costa de precarizar el empleo y limitar el presupuesto que llega a las personas usuarias, empeorando la calidad de la atención que se presta”.
Según el sindicato, “las empresas no aportan infraestructura alguna porque el servicio se lleva a cabo en los domicilios de las personas usuarias. Se limitan a ser intermediarias, aumentando sus ingresos a costa del dinero público y de mantener a las trabajadoras con contratos parciales pero con disponibilidad total. Es urgente que el Ayuntamiento tome la decisión de municipalizar el servicio”.
También ha sido muy crítico el concejal de IU Ismael Sánchez, quien ha lamentado que esa comisión no cuente ni con “las trabajadoras, familiares de personas usuarias, sindicatos ni la oposición”, más cuando la plantilla les ha trasladado su descontento porque no se cuenta con “una auditoría externa que valore de forma independiente la viabilidad de recuperación para lo público del servicio”.
“La medida adoptada por Sanz es un paripé que solo sirve para ganar tiempo, y es más que probable que las conclusiones de esa Comisión ya estén escritas y que no pasen por dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras, mejorar la atención que se presta actualmente a las personas con dependencia y ahorrar costes al Ayuntamiento”, decía el portavoz de IU.
