Sevilla

El Gobierno de Sanz se abre a ampliar la limitación de pisos turísticos

Habrá una revisión de la limitación en zonas de alto esfuerzo familiar, acústicamente saturadas y de especial protección

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  • La propuesta de revisión, siempre partiendo del 10%, será llevada el miércoles al Consejo de Urbanismo y el PSOE dice que la estudiará
  • Los porcentajes de limitación podrán revisarse cada tres meses y habrá una comisión de seguimiento que se reunirá mensualmente
  • Los socialistas esperan el nuevo documento y Vox y Con Podemos-IU insisten en un mayor porcentaje de limitación y en la moratoria

Tercera reunión para abordar la limitación de los pisos turísticos y primer movimiento que podría acercar posturas, al menos al PSOE, a la regulación que pretende hacer el Gobierno de José Luis Sanz tras no sacar su primera propuesta adelante. El PP ha propuesto a la oposición ampliar la limitación de las viviendas de uso turístico, siempre partiendo su 10% inicial, pero analizando “las zonas de alto esfuerzo familiar y las zonas acústicamente saturadas, siguiendo siempre criterios legales y no arbitrarios” para ampliar el porcentaje si es necesario y revisarlo todo cada tres meses.

Según el delegado de Urbanismo, Juan Bueno, el objetivo es “poder llevarla al próximo Consejo de la Gerencia de Urbanismo, que tendrá lugar el miércoles día 10, para que pueda aprobarse en el pleno del mes de julio”. A esa reunión se llevará la propuesta original del 10% pero “ampliada, en la que se contempla la revisión del impacto en las zonas de alto esfuerzo familiar (invertir más del 30% del sueldo en la vivienda), así como en las zonas acústicamente saturadas (ZAS) y zonas de especial protección”.

De la Rosa ha indicado que “cuando se tenga el resultado de la revisión de estas zonas, se planteará, en caso de que fuese necesario, la modificación de los porcentajes, pero siempre en base a criterios legales, jurídicos, técnicos y no a criterios arbitrarios”. Además, en lugar de revisarse anualmente, se hará cada tres meses y se irán fiscalizando los porcentajes, que deben seguir siempre criterios legales y técnicos y no arbitrarios para no crear “inseguridad jurídica”.

Además, se creará una mesa de seguimiento que se reunirá con carácter mensual para ir evaluando la aplicación de esta propuesta e ir introduciendo, si fuera necesario, las mejoras oportunas, en función de las peticiones de licencias o mercado de alquiler y siempre amparados en los requisitos establecidos.

Que el Gobierno municipal se haya “mostrado abierto a rebajar” ese porcentaje del 10% ha sido acogida de forma positiva con el PSOE, cuyo portavoz en la Gerencia, Francisco Páez, ha asegurado que esperan la propuesta “por escrito" del Gobierno municipal, al que le han reclamado que la reducción del porcentaje “sea a priori y no a posteriori porque entendemos que tras los pasos y los argumentos dados por el Ayuntamiento en este asunto nos genera suma desconfianza”

Según Páez, el 10% municipal “abriría la puerta a 23.300 viviendas turísticas más en Sevilla”, trasladando la presión en centro y Triana a sus barrios aledaños, defendiendo que la propuesta socialista del 2,5%, “implicaría no autorizar ni una sola vivienda turística más y que sobren 995, sobre las que se podría aplicar un refuerzo de la inspección" por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para cerrarlas. El total de pisos turísticos es de 9.246 en Sevilla”, recalcan.

Por su parte, la portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha afirmado que “salimos con la sensación de que no tienen intención alguna de modificar el 10% de limitación, modificación que probablemente no pueda acometer, debido a la chapuza que supuso aprobar inicialmente esta medida”, reiterando la petición de rebajar “sustancialmente” ese porcentaje e iniciar un nuevo proceso normativo.

Sobre la nueva propuesta, que incluye “una serie de modificaciones, como la posibilidad de instar al Gobierno andaluz a cambiar este decreto de pisos turísticos”, ha dudado de su “nivel de compromiso, teniendo en cuenta a lo que ya nos tiene acostumbrados el PP” y también del nivel de interlocución del equipo de José Luis Sanz con la Junta de Andalucía. “La sensación final es que este Gobierno municipal no tiene las cosas tan claras como el alcalde de Cádiz o la alcaldesa de Granada. Es una pena porque al final pierde Sevilla y los sevillanos".

Más dura se ha mostrado la portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, que ha considerado que, tras la reunión, el PP “insiste en quedarse en su posición inicial. Esto nos hace pensar que está representando los intereses del lobby turístico de la patronal inmobiliaria por encima de las demandas de los vecinos”, reclamando la aprobación ya de la moratoria, teniendo en cuenta que se ofrecen casi 9.500 pisos turísticos frente a 1.700 viviendas en alquiler, que además ha subido un 6,5%, insistía.

Medidas de control y reducción

El Gobierno municipal también ha insistido en que continuarán poniendo en marcha medidas para incrementar el control, siendo la primera de ellas la desclasificación de 715 VUT inscritas con posterioridad a marzo de 2022 que no se ajustan a la modificación 44 del PGOU.

Las otras medidas son el sistema para detectar VUT ilegales a través del cruce de datos de inspección con la Consejería de Turismo y aplicar también la disciplina urbanística en colaboración con la Junta, el canal de denuncias con el Colegio de Administradores de Fincas y el Plan de Inspección con Policía Local y Adscrita y otro de vigilancia e inspección con policía local sobre viviendas legales molestas y sobre actividades complementarias en vía pública.

Aplicarán además medidas disciplinarias en colaboración con Emasesa así como un incremento en IBI, tasas de basura y precio del agua; se incrementará la coordinación con otros servicios municipales en la Mesa de Establecimientos Ilegales y se asignarán inspectores de la Gerencia de Urbanismo a las inspecciones de las viviendas de uso turístico con un plan específico. Por último, se creará un bloque específico en el orden día del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo para inspección, disciplina y medidas coercitivas y sancionadas para las viviendas de uso turístico.

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