La organización WWF cree que la dilación en el proceso judicial para reclamar a Boliden el pago del coste de la restauración de la zona afectada por el vertido tóxico de Minas de Aznalcóllar, en abril de 1998, conllevará que “lamentablemente” la empresa “se escapará” sin devolver “un sólo euro”.
Juanjo Carmona, portavoz de la organización en Doñana, territorio directamente afectado por el vertido tóxico, mostró su desconfianza en que Boliden “pague” después de tanto tiempo sobre todo después de la resolución del Tribunal Supremo que remite de nuevo el caso a los tribunales civiles.
La resolución dictada por la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo recoge que la reclamación de 89 millones de euros de la Junta de Andalucía a la multinacional Boliden Apirsa es competencia de los tribunales civiles, que la rechazaron en el 2002.
A pesar de que desde la organización se valora que “por fin” se le marque el camino a la administración pública para “reclamar definitivamente los daños”, entienden que el proceso “debería de haber sido más corto, ya que la Justicia para que sea efectiva tiene que ser más rápida, al margen de la complejidad que pueda tener un asunto como éste”.
La resolución del Supremo, apuntó Carmona, ha tardado catorce años en llegar y supone “empezar de cero”, por tanto, “nos estaremos yendo entre un trámite y otro a un juicio que tardará en celebrarse unos 20 años”.
