La Fiscalía pedirá el viernes 8 años de inhabilitación para María José Borge Montero (PSOE), en la actualidad delegada de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por adjudicar un contrato público a una empresa sin la solvencia exigida y constituida tres días antes.
El contrato debía adjudicarse a una empresa "de reconocida solvencia técnica y profesional", pero la acusada lo otorgó a una compañía constituida tres días antes y que poco después renunció a la adjudicación alegando que los medios necesarios para el desarrollo del contrato excedían de lo inicialmente previsto.
El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, explica que Borge Montero, entonces teniente de alcalde y concejal delegada de Servicios Económicos de Alcalá de Guadaíra, encomendó en octubre de 2009 al segundo acusado, Juan Antonio Marcos Sierra, coordinador técnico de Servicios Personales, elaborar una propuesta para adjudicar un contrato menor para la consultoría y asistencia técnica de actividades deportivas en la localidad.
El contrato tendría una duración inicial de 45 días y una asignación presupuestaria de 9.160 euros.
Entiende el fiscal que la cuantía del contrato no precisaba de su licitación mediante concurso público y era posible su adjudicación directa pero, según el pliego de condiciones técnicas, debía hacerse "a una empresa de reconocida solvencia técnica y profesional".
La adjudicataria, Mudarra Gestión Deportiva S.L., fue constituida el 25 de octubre de 2009 y no disponía apenas de medios materiales, carecía de trayectoria profesional y currículum y sus miembros no habían realizado nunca un trabajo de índole y naturaleza del que se proyectaba, según el fiscal.
Pese a ello, el 28 de octubre de 2009 el acusado Marcos Sierra emitió un informe previo proponiendo como adjudicataria a esta empresa, de la que hizo constar que era "de reconocida solvencia técnica y profesional en este tipo de trabajos, que tanto por el currículum, su experiencia acreditada y su propuesta técnica, es la más idónea".
Finalmente, el 6 de noviembre de 2009, tras el examen del expediente, Borge Montero adjudicó el contrato pese a conocer "que la empresa no reunía las condiciones que le eran exigibles".
El 11 de diciembre, Mudarra presentó un escrito ante la Delegación de Deportes del área de Servicios Personales manifestando su renuncia al citado contrato, alegando que los medios necesarios para su desarrollo "excedían de lo inicialmente previsto en la oferta".
Ello pese a que "no hubo modificación alguna en el objeto del contrato que no hubiese sido conocido con anterioridad o que se hubiese producido de manera sobrevenida", según el fiscal.
En el juicio que celebrará el juzgado penal 14 de Sevilla, el fiscal imputará a los dos procesados un presunto delito de prevaricación por el que pedirá para cada uno ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
