Los trabajadores de la cafetería ubicada frente a la biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, que fue objeto de cierre patronal por parte de la anterior concesionaria, han mostrado su contrariedad por la demora que para la adjudicación supondrá el cambio en el procedimiento que les ha anunciado la Gerencia de la sede académica.
La delegada sindical de CCOO, Rocío Sierra, ha indicado a Europa Press que, en concreto, la universidad ha decidido ahora que la cafetería va a ser sacada a concurso público, y no a procedimiento negociado, ya que con esta fórmula no se puede incluir la prórroga temporal apalabrada con la empresa interesada.
"Es un paso atrás", ha resumido Sierra, que ha manifestado que ahora los trabajadores se reunirán para decidir las próximas actuaciones, así como con la asesoría jurídica "para corroborar que la situación es tal y como nos la han expuesto". A juicio de Sierra, este aspecto es negativo para los trabajadores y para la empresa interesada, ya que "se dilata más, otra vez hay riesgo de tardar meses".
La intención de la UPO, si bien en el marco de un procedimiento negociado, es que el negocio pueda reabrirse ya en el primer trimestre del presente curso académico 2014-2015. En este sentido, es preciso volver a sacar a licitación el proyecto --que ya quedó desierto la primera vez--, un paso que esperaban pudiera quedar solventado en el presente mes de septiembre.
La idea planteada fue la de un concurso negociado, hablando directamente con entidades interesadas en la adjudicación para poder dar fluidez a un proceso en el que se pretenden unos pliegos más abiertos que los anteriores; al primer concurso de licitación para la explotación de este servicio solo se presentó una empresa, que no fue capaz de acreditar los documentos y requisitos que se le reclamaron a pesar de que se le concedió una prórroga por valor de diez días.
No obstante, los afectados se congratularon de la "buena disposición" del rector, Vicente Guzmán, a poder estudiar el pliego y plantear la posibilidad de mejorarlo. Sierra valoró la actitud de la sede universitaria, "que ha llegado a proponer licitarla sin canon", y apunta como principal problemática a la deuda que el negocio mantiene con la Seguridad Social.
La licitación, por un canon mínimo de 6.050 euros anuales, pagaderos mensualmente a razón de cuotas de poco más de quinientos euros, contaba con unas condiciones según las cuales el contratista debe contar con solvencia económica y financiera, así como técnica y profesional; no se exigía garantía provisional.
Los pliegos incluyen la subrogación del personal que hasta su cierre venía desempeñando su labor en dicho negocio, y que había comenzado el reparto de octavillas y la recogida de firmas para instar a que el proceso se tramitara con mayor rapidez.
Los trabajadores que desempeñaban su labor en este establecimiento barajaron alternativas como la creación de una cooperativa entre los propios empleados como modo de reflotar el negocio, si bien "tras hacer números las cuentas no salen", según los mismos, que constataron que esta fórmula no podría prosperar "debido a la gran deuda existente con la Seguridad Social y al hecho de que el anterior empresario se llevó maquinaria que hay que reemplazar".
