La Federación de Ecologistas en Acción de Sevilla ha trasladado a la Fiscalía una actuación llevada a cabo por la Autoridad Portuaria sevillana, que ha contratado con la Estación Biológica de Doñana por 145.200 euros un proyecto para la ampliación del conocimiento científico del estuario del Guadalquivir, determinando los efectos de las actuaciones humanas sobre las comunidades de aves asociadas al río, adjudicación en la que el colectivo considera que se ha podido dar "prevaricación" y "falsificación de documento público".
En la denuncia, consultada por Europa Press, Ecologistas manifiesta que con este procedimiento, a su juicio, se ha puesto en marcha un procedimiento con un resultado "predeterminado" y que se han buscado los argumentos necesarios para "burlar de forma consciente la normativa de contratación pública con la intención de favorecer la contratación de un tercero, sin concurrencia pública".
Se explica cómo el procedimiento para llevar a cabo la adjudicación de dicho contrato es el de negociado sin publicidad al entender el Puerto que "no es posible establecer concurrencia", dado que resulta necesaria la ejecución por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través de la Estación Biológica de Doñana.
Ello, al ser la "única" que puede ejecutar los trabajos, relacionados con censos de avifauna, comportamiento de las aves, alimentación o nidos en el entorno del río y vaciaderos, muy habituales en la redacción de declaraciones de impacto ambientales o estudios de fauna.
Para Ecologistas, el seguimiento de fauna mediante censos "no requiere de técnicas ni conocimientos exclusivos que puedan justificar que solo una institución o entidad pueda llevar a cabo el contrato por razones técnicas o artísticas, por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva o por razones de compatibilidad o vinculación tecnológica".
Sin negar "en ningún caso" el prestigio y la cualificación de la Estación Biológica de Doñana, la federación sí cuestiona que sea la única que puede llevar a cabo los trabajos del estudio, máxime si, como es el caso, los mismos están bajo el control de un tercero que mediante su "criterio exclusivo" decide sobre las investigaciones a llevar a cabo, sin ser personal de la institución adjudicataria.
"Sospechamos que la Autoridad Portuaria busca asegurar que sean investigadores con nombre y apellidos los que dirijan este estudio en su conveniencia, y en ningún momento buscando el interés público, para lo cual han falsificado los argumentos necesarios para adjudicar este contrato a través de la figura del procedimiento negociado sin publicidad", alegan.
LA VERSIÓN DEL PUERTO
Por su parte, fuentes de la Autoridad Portuaria de Sevilla han expuesto a Europa Press que el contrato firmado forma parte de un estudio pionero dirigido por el catedrático Miguel Losada, enmarcándose en un programa de investigación del estuario del Guadalquivir, que promueve el Puerto en colaboración con varias universidades.
"No es una situación aislada", aseveran, explicando que los resultados de este estudio --se ha invitado a los ecologistas a unirse al programa-- serán presentados en breve y que, en lo que respecta a este contrato, "todo se ha tramitado de conformidad con la legislación aplicable".
