La organización de consumidores Facua "no se conforma" con la supresión de plazas de zona azul anunciada este jueves por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE) --estimada en más de 800--, e insiste en reclamar la "anulación" de la ampliación de éstas acometida en junio de 2014 por el anterior gobierno local de Juan Ignacio Zoido (PP), con un crecimiento de 4.112 plazas a más de 7.285.
Así lo ha trasladado este jueves a Europa Press el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, quien ha recordado que la organización a la que representa ya recurrió la referida ampliación por la vía contencioso-administrativa, al entender que "no se ajusta a la legalidad" por el proceso seguido para su aprobación, a través de una "fórmula jurídica que vulnera la Ley de Haciendas Locales".
En esa línea, ha subrayado que el PSOE incorporó como "compromiso electoral" en los comicios locales de mayo "la eliminación íntegra de la ampliación de la zona azul sin excepciones", y considera "un retraso" en la cuestión el que se espere a septiembre para conocer el resultado de un informe jurídico que el alcalde ha encargado al secretario del Ayuntamiento para estudiar las decisiones a adoptar.
Para el portavoz de Facua, no hay duda de que la ampliación impulsada por Zoido fue "ilegal" y se adoptó mediante una "fórmula jurídica que vulnera la Ley de Haciendas Locales". Además, considera que Aussa "era consciente de la irregularidad" existente a la hora de acordar la ampliación de la zona azul con el Ayuntamiento.
Sánchez entiende que el gobierno de Espadas teme que la mencionada empresa puede exigir una "indemnización" si se decide a anular el contrato suscrito por el anterior ejecutivo municipal, pero considera que esta hipótesis podría no producirse porque Aussa sabía de dicha "irregularidad" y, por tanto, que ésta podía conllevar la "invalidación del contrato".
Además, ha recordado que Aussa está participada, en un 51 por ciento, por la empresa municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), de modo que "en su mayor parte" la decisión que vaya a adoptar la empresa estará condicionada por el propio Ayuntamiento, que puede "presionar" para que esta sociedad no reclame una indemnización si se anula el contrato y adopte así una decisión "lo suficientemente justa y razonable".
