La sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense, la empresa estatal Mercasa y la Asociación de Mayoristas de Fruta, Verduras y Hortalizas, ha celebrado este jueves una sesión de su junta general, para constituir su nuevo consejo de administración y su nueva comisión ejecutiva, celebrando a continuación reuniones de ambos órganos.
La Presidencia de la sociedad recae en Carmen Castreño, concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla y primera teniente de alcalde, toda vez que la empresa carece de director general después de que Manuel Blanco cesase en el cargo al expirar el 13 de junio el anterior mandato municipal y arrancar un nuevo periodo.
El nuevo consejo de administración de Mercasevilla está formado por 15 miembros, siete a propuesta de la sociedad estatal Mercasa, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y ocho procedentes del Consistorio hispalense, que aporta cuatro técnicos y cuatro representantes políticos. De estos últimos, tres pertenecen al PSOE y uno al PP. El resto de los grupos políticos con concejales en el Ayuntamiento de Sevilla (Ciudadanos, Participa Sevilla e Izquierda Unida) asistirán a las reuniones con voz, pero sin voto, según un acuerdo previo.
El Ayuntamiento, como socio mayoritario, atribuye este extremo al impacto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como reforma local, y a los propios estatutos de la empresa, que limitan la representación política en los órganos ejecutivos de las empresas públicas. El PP, en ese sentido, ha manifestado su desacuerdo a cuenta de la composición del nuevo consejo de administración, según informaban a Europa Press fuentes del PP, dado que en el mismo figuran tres ediles del PSOE, que cuenta con once, pero sólo uno del PP, que tiene 12 capitulares. Por este motivo, el Ayuntamiento ha iniciado los estudios técnicos para una modificación de los estatutos que resuelva esta situación.
MERCASEVILLA
Hablamos de una empresa prácticamente pública cargada de significado, a cuenta de las numerosas irregularidades descubiertas en sus expedientes de regulación de empleo (ERE) de 2003 y 2007, así como en su gestión en general, extremo que marcó determinantemente el convulso último mandato del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.
La investigación de la gestión de Mercasevilla a manos de la juez Mercedes Alaya, de hecho, dio pie a la famosa macrocausa relativa a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos de Andalucía, con la que habrían sido alimentados incentivos para reestructuraciones laborales injustificadas o carentes de trámite administrativo alguno, así como ayudas directas y arbitrarias a empresas, muchas de ellas relacionadas con miembros del PSOE andaluz.
En 2013, bajo el mandato del alcalde popular Juan Ignacio Zoido, el Ayuntamiento promovió un nuevo ERE saldado con el despido de 129 trabajadores con indemnizaciones de 20 días por año de servicio, el mínimo que estipula la legislación laboral. Rememorando este extremo, los trabajadores en activo y los despedidos habían convocado una asamblea general a las 11,30 horas de este mismo jueves en la sede social de Mercasevilla, según informaba a Europa Press Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa.
