El alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), ha defendido este martes el acuerdo adoptado por la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento y Mercasa, para solicitar el preconcurso de acreedores después de que la constructora Sando reclamase la ejecución provisional de la sentencia que condena a Mercasevilla a abonarle unos once millones de euros.
En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Espadas ha explicado que al "instar" Sando la ejecución provisional de la sentencia, Mercasevilla podría haberse visto obligada a afrontar "el pago inmediato" de esos más de once millones de euros, cuando las previsiones de la sociedad mixta pasan por "acomodar el pago a lo más razonable" para la los intereses de esta empresa prácticamente pública. "Si Sando quiere acelerar la ejecución provisional (de la sentencia), nosotros tenemos que blindar Mercasevilla para darle seguridad y estabilidad", ha defendido Juan Espadas.
Al respecto, ha asegurado que "la única forma legal" para proteger a la empresa frente a la ejecución provisional de la sentencia era la solicitud de preconcurso de acreedores, una medida que "nos tranquiliza, porque ahora tenemos cuatro meses para tomar decisiones y materializarlas y que no haya ningún riesgo" a la hora de dar cumplimiento a la sentencia y abonar los once millones de euros, extremo para el cual el Ayuntamiento había emprendido una ampliación de capital en Mercasevilla.
LA SENTENCIA DE SANDO
El asunto, recordémoslo, deriva de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a Mercasevilla a abonar a la empresa constructora Sando unos 8,9 millones de euros por incumplir los términos del contrato firmado en 2005 con dicha sociedad, que demandó al mercado central de abastos por no poder explotar unas parcelas que le fueron adjudicadas al no contar las mismas con acometidas eléctricas. Dado que los intereses de demora sumarían más de 1,5 millones de euros, la cuantía a abonar a Sando se elevaría a más de once millones de euros, según el propio Ayuntamiento, socio mayoritario de Mercasevilla.
Aunque la empresa decidió recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la mencionada sentencia, emprendió en paralelo una ampliación de capital para afrontar las consecuencias de la citada resolución judicial e impedir que la sociedad incurriese en una hipotética causa de disolución. A tal efecto, el pasado mes de noviembre arrancaba en el Ayuntamiento hispalense, principal accionista de la empresa, una modificación presupuestaria por importe de 5.392.998 euros, al objeto de inyectar dicha cuantía a Mercasevilla, aportando la sociedad estatal Mercasa el resto del montante hasta los once millones de euros.
Carmen Castreño, concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, primera teniente de alcalde y presidenta de Mercasevilla, defendía al respecto que el propósito de esta maniobra era "salvar la compañía y, por tanto, evitar su disolución, al tiempo mantener su titularidad y gestión públicas".
"Se ha realizado un gran esfuerzo buscando en todas las partidas del presupuesto y sin afectar a servicios esenciales, de forma que se han conseguido los recursos necesarios para la aportación municipal este año", señala Castreño. "Tras la última sentencia contraria, teníamos dos opciones: o dejábamos que la empresa se disolviera o hacíamos lo posible por salvarla. Y este gobierno tiene muy claro que su voluntad es salvar este servicio público", apuntaba.
"COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN"
Pero en el marco de esta operación, y según han informado a Europa Press fuentes municipales, la compañía constructora Sando ha solicitado la ejecución provisional de la citada sentencia, lo que podría derivar en "embargos" sobre las cuentas y el patrimonio de la sociedad mixta. Dado el caso, y "como medida de protección", el consejo de administración de Mercasevilla, reunido este pasado lunes, acordaba por unanimidad solicitar el preconcurso de acreedores, a la espera de que concluya plenamente la operación de ampliación de capital ya descrita y que medie "un acuerdo en torno a la fórmula de pago" de la sentencia en cuestión.
En ese sentido, el Ayuntamiento defiende que esta medida no altera la "hoja de ruta" pergeñada, es decir la impugnación de la sentencia frente al Tribunal Supremo y seguir adelante con la ampliación de capital.
