La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), que dirige Cristina Murillo tras su victoria sobre Ángel Díaz del Río, ha decidido delegar en una asamblea urgente y extraordinaria del colectivo la decisión sobre cómo afrontar las elevadas indemnizaciones pendientes a trabajadores despedidos por la anterior Junta invocando la crisis económica y sus efectos en la entidad, que justamente por eso no se halla en una boyante situación financiera.
El estallido de la burbuja inmobiliaria dejó a un gran número de arquitectos en paro y provocó una gran caída en el número de visados que tramita el Colegio, cuyos ingresos se resintieron notablemente. Estas fueron las razones por las que la anterior Junta de Gobierno, que dirigía Ángel Díaz del Río, procedió en 2015 al despido de siete empleados de la entidad.
La extinción de la relación laboral fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de andalucía (TSJA), pero a dos arquitectos se les reconoció el derecho a una indemnización de 615.463 euros, de los que el Colegio, dada su precaria situación económica, sólo ha podido abonar 119.604 euros. Ahora quedan pendientes 495.859 euros, a los que habría que añadir 190.000 más en concepto de intereses y costas por un recurso perdido.
La única posibilidad legal que le queda al COAS para no pagar estas cantidades es elevar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, una vía que no convencía mucho a la actual Junta de Gobierno por el precedente de un anterior recurso desestimado por el TSJA y porque a la larga podría suponer un coste aún mayor en caso de nuevo fallo judicial en contra. Esas dudas han motivado un enfrentamiento con el anterior equipo de gobierno, que ha instado a la presentación del recurso ante el Supremo, y los reproches de un colegiado en particular, Enrique Soler.
En esta tesitura, la nueva Junta de Gobierno ha decidido convocar una Asamblea General Extraordinaria y Urgente para el próximo día 23 de noviembre en el salón de actos de la entidad.
Según la dirección, la envergadura y alcance económico de la sentencia “hace necesario que, como establecen nuestros Estatutos Particulares, sea la Asamblea del COAS la que tome las decisiones que estime convenientes para hacer frente a estas cantidades…”.
Con el fin de permitir que sea la Asamblea la que tome la decisión al respecto, “por razón de urgencia -añade la Junta de Gobierno en su convocatoria- se ha procedido a anunciar la presentación de recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, ya que los plazos para convocar una Asamblea Extraordinaria son mayores que los establecidos para recurrir ante este Tribunal”.
De esta forma, a juicio de la Junta de Gobierno, la Asamblea podrá acordar si continúa con el recurso o si, por el contrario, se desiste del mismo. En caso de desistirse o de producirse una sentencia firme condenatoria al pago de estas cantidades tan elevadas, la Asamblea tendrá que decidir cómo hacer frente a las mismas.
