El Alcázar de Sevilla será escenario este martes de una asamblea extraordinaria convocada por el Consejo de Hermandades y Cofradías para debatir acerca del destino final del dinero de las sillas y palcos de la Carrera Oficial, tras las suspensión de las procesiones por la pandemia, y después de que particulares y entidades como la Federación Andaluza de Usuarios y Consumidores (Facua) hayan reclamado la devolución de los abonos.
Esta reunión, en la que están convocados 125 hermanos mayores, tendrá lugar de manera presencial una vez que el Gobierno ha permitido la celebración de encuentros en recintos al aire libre "con todas las garantías higiénicas y de seguridad requeridas" durante la fase 2 del plan de desescalada. Desde un primer momento, la junta superior del órgano cofradiero manifestó que no era "competente" para tratar el asunto y argumentó que debían ser los hermanos mayores, en asamblea, quienes decidieran qué hacer con las cantidades recibidas en ese concepto.
Las hermandades han recibido antes de la Semana Santa un 55 por ciento, aproximadamente, del dinero que les corresponde de las sillas --un total de 2,1 millones de euros de los cerca de 3,8 millones que ingresa el Consejo por la explotación de las más de 30.000 localidades puestas a la venta en la Carrera Oficial-- y muchas corporaciones ya han empleado ese dinero anticipado, que reciben en modo de subvención, en fines de diversa naturaleza, por lo que desde San Gregorio --sede del Consejo-- plantearán soluciones financieras para conseguir la liquidez necesaria si se aprobara, finalmente, la devolución del dinero a los abonados.
En cuanto al controvertido asunto que estará sobre la mesa, conviene recordar que ha sido objeto de una reciente denuncia por parte de Facua ante la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía porque el Consejo de Hermandades y Cofradías, supuestamente, "se niega a devolver los abonos de palcos y sillas tras la cancelación de las procesiones de Semana Santa", informaba la organización el pasado día 6 en un comunicado.
En esa nueva denuncia, la asociación instaba a Consumo, que depende de la Consejería de Salud y Familias, para que abriera expediente sancionador al Consejo "por infringir la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía", toda vez que una denuncia similar interpuesta por Facua ante la Dirección General de Espectáculos Públicos de la Junta había sido archivada.
Asimismo, Facua ha criticado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento de Sevilla por la "inacción" en este tema y por "desentenderse" del problema tras solicitar al equipo de gobierno en sendos escritos el día 24 de marzo y el día 2 de abril que sancionara al Consejo si se negaba a reembolsar esos importes.
