La Audiencia justifica 654 despidos al considerar un ciberataque fuerza mayor

La Audiencia Nacional ha justificado el despido de 654 empleados de una empresa de atención telefónica a clientes de Ilunion al entender que un ciberataque sufrido por la empresa es una causa de fuerza mayor.

En una sentencia fechada el pasado 26 de mayo a la que ha tenido acceso Efe, la sala de lo social estima una demanda de Ilunion y deja sin efecto una resolución de la Dirección General de Trabajo de 2021.

El 21 junio de 2021, la compañía solicitó la suspensión de los contratos de trabajo de 654 trabajadores -de los 886 que componen su plantilla-, 480 de ellos radicados en Madrid, 152 en Barcelona y 22 en Santander.

La causa invocada fue una incidencia informática causada por el ataque de un virus "ransomware" el 4 de junio y que provocó que se tuviera que aislar la red y su apagado completo, con el consiguiente cese de la actividad de los 654 trabajadores.

La petición de suspensión de contratos se acompañaba de un informe técnico, y se indicaba que la suspensión se mantendría hasta que se restableciera totalmente la actividad, con una plazo estimado de 14 semanas.

La Dirección General de Trabajo no constató fuerza mayor en el expediente presentado por Ilunion, que alegaba la existencia de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y una reclamación patrimonial al Estado.

Ahora, la Audiencia Nacional da la razón a Ilunion y considera que la compañía cumplió todos los requisitos de información y plazos para proceder a los despidos.

Además, aunque el Estatuto de los Trabajadores no define con precisión la causa mayor, sí especifica que "nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables."

Los magistrados entienden la fuerza mayor como "un mecanismo que exonera del cumplimiento de las obligaciones, lo que trasladado al marco de las relaciones laborales se traduce en la imposibilidad de trabajar, por la concurrencia de un suceso imprevisible o previsible pero inevitable, lo que exoneraría de la correlativa obligación de abonar el salario".

Después de analizar todos los informes, la Audiencia Nacional destaca que "efectivamente el ataque tuvo la suficiente contundencia para operar como causa obstativa plena y determinante de la imposibilidad de trabajar".